Estudiantes y trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), esperarán a que las autoridades de los tres órdenes de gobierno cumplan con los puntos expresados en el pliego petitorio entregado en la mesa de trabajo encabezada por el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado. El secretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Mario Ángeles descartó alguna otra acción en los próximos días.
“Por el momento no tenemos contemplada alguna otra manifestación, vamos a darle seguimiento a la mesa de trabajo”, respondió mediante las redes sociales a pregunta expresa. Lo anterior luego de la marcha del pasado jueves 20 de abril en demanda de justicia por la muerte de Luis Javier, Luis Enrique y Noemí Guadalupe.
Por su parte, el Poder Ejecutivo emitió un comunicado en el que aseguraba que en un segundo encuentro con los inconformes se acordó generar grupos de WhatsApp y una marcha exploratoria para identificar junto al municipio de Cuernavaca, puntos de riesgo que den espacio a actos delictivos.
“Se estableció que a través de la Dirección General del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), que encabeza Anabel Banda Ruiz, se llevarán a cabo marchas exploratorias para detectar grupos vulnerables, platicas de prevención y el SeguriChat. Aunado a lo anterior, se invitará al municipio de Cuernavaca para realizar patrullajes, reductores de velocidad y más luminarias que permitan dar mayor seguridad y tranquilidad a la ciudadanía”.
El director del INSP, Eduardo Lazcano Ponce, también fijo su postura mediante las cuentas oficiales de la dependencia, en ellas agradeció a las instituciones que también se sumaron al clamor de justicia, se dijo satisfecho, de encabezar una comunidad “empática”, con los problemas de sus integrantes.
“Seguiremos reclamando justicia y que las autoridades se conduzcan con transparencia y coordinadamente para el esclarecimiento del crimen cometido en contra de nuestros compañeros, así como exigir de su parte las garantías para que este tipo de hechos no se repitan”.
Más tarde la Fiscalía General de Justicia dio cuenta de que un juez había determinado imponer prisión preventiva contra Luis Alberto “N”, quien presumiblemente participó en el secuestro y muerte de los tres jóvenes en Huitzilac.
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