Desde afuera de la termoeléctrica de Huexca, en el municipio de Yecapixtla, Morelos, lo que podemos ver son sus tres chimeneas y los cables de alta tensión que producen un zumbido permanente. El acceso principal está cerrado al público, pero la entrada no está sola: de vez en cuando, si te acercas demasiado, notarás que alguien asoma un teléfono para tomate fotos. Si un vehículo llega y las hojas del portón se abren, te darás cuenta que hay un hombre de uniforme café y chaleco negro, que porta un arma larga.
La Central Ciclo Combinado Centro 264, el nombre oficial de esta planta generadora de energía, forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), una iniciativa planeada en 2009 y presentada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dos años después como la solución para evitar una sobredemanda de electricidad en la zona central del país para el año 2013. Pero desde 2012, cuando la comunidad de Huexca fue sorprendida con el inicio de las obras, la ausencia de una consulta ciudadana previa empapó de rechazo los trabajos, que culminaron en 2015 sin que la central fuera activada.
“No toda la comunidad sabe lo que es este proyecto”, dice Teresa Castellanos, integrante del movimiento “Huexca en resistencia”.
Desde su conformación, este colectivo se ha opuesto al funcionamiento de la central argumentando daños al medio ambiente, a la salud de los habitantes y el riesgo de que las tierras de los campesinos de Ayala reduzcan su productividad, toda vez que la planta funciona con agua extraída de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cuautla (PTAR), que de otro modo la devolvería al río que nutre sus cultivos.
Para el enfriamiento de sus turbinas, la termoeléctrica extraería 245 litros por segundo de la PTAR, de los cuales 60 se devolverían al cauce del río y la pérdida efectiva de 185 litros por segundo sería compensada con una serie de obras para mitigar dichos efectos. Mediante un sistema de calentamiento de agua en el que la evaporación activa una turbina, la central de Hexca fue construida para rendir con 622.49 MW de capacidad anual neta al centro del país y, de acuerdo con María Elena Olaguez López, de la Subgerencia de Selección de Sitios de la CFE, ya lo hace.
La termoeléctrica ya genera energía eléctrica
En palabras de Olaguez López, los habitantes de la región ya pueden usar sus computadoras e ir a los hospitales gracias a la generación de energía eléctrica de la central de ciclo combinado, cuya operación inició hace poco más de un mes.
“Ahí está la central para darle energía a quien requiera. Hablamos de tienditas de abarrotes, almacenes, talleres mecánicos o fábricas, o quienes necesiten más energía eléctrica. Y eso es un beneficio enorme no sólo para Morelos, ahí nos vamos también con Puebla y Tlaxcala, y esa es la finalidad de haber instalado una central ahí, para empujar el desarrollo de esa zona centro”, dice la abogada vía telefónica, en uno de los pocos casos en que personal de la CFE ha brindado información sobre lo que ocurre dentro de las instalaciones.
De acuerdo con la abogada, la termoeléctrica inició sus operaciones al máximo de su capacidad sin que hasta el momento se hayan comprobado afectaciones al medio ambiente o la salud de los pobladores, reconociendo que los amparos promovidos por las comunidades y ejidos que rechazan su funcionamiento siguen vigentes, pero sin inhibir la operatividad de la planta.
“De las suspensiones que ellos tienen ninguna nos afecta, no se inhibe la operación de la central ni de ninguno de los otros proyectos que tenemos ahí”, dice Olaguez, en referencia al acueducto y el gasoducto que transporta el gas con el que se caliente el agua, a través de ductos y desde Tlaxcala.
Sin embargo, la oposición sigue en desacuerdo. A nueve años del inicio de la construcción de la termoeléctrica, el rechazo ha atravesado las fronteras del país y se ha transportado hasta el otro lado del océano: actualmente, el CNI-CIG (Congreso Nacional Indígena y Concejo Indígena de Gobierno) encabeza una caravana en Europa para promover la defensa de las comunidades indígenas de México y su negativa a megaproyectos como el PIM. Y hay un reclamo aún más crudo.
Samir Flores está en la memoria de la resistencia
En febrero de 2019, a sólo unos días de que la Secretaría de Gobierno llevara a cabo una consulta ciudadana para que los pobladores de las comunidades en las que se instaló el PIM validaran o rechazaran la operación de la termoeléctrica, Samir Flores Soberanes, uno de los principales opositores, fue asesinado en su casa, en el pueblo vecino de Amilcingo. Aquel acontecimiento terminó por enardecer los ánimos de la oposición, pero, aunque varias de las urnas dispuestas para la votación fueron quemadas, el resultado del ejercicio fue validado con la inclinación de la opinión popular hacia el sí.
Aunque la relación entre el homicidio y su activismo sigue siendo una teoría ante el juzgado, los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, al que perteneció en vida, aseguran que Samir fue una víctima de la imposición del PIM y un motivo más para exigir su cancelación.
“En Huexca no hemos firmado este proyecto”, afirma Teresa Castellanos.
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