La Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) determinó que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) violó el derecho a una vida libre de violencia de una adolescente de preparatoria víctima de acoso sexual, así también calificó que la menor quedó desprotegida en materia de seguridad jurídica, condición que la máxima casa de estudios debió garantizar, ya que su acosador tuvo el tiempo suficiente para interponer un amparo y evitar un juicio en su contra argumentando que existió una “persecución en su contra". Esto se lee en la Recomendación emitida por el organismo con fecha 23 de mayo.
Bajo el expediente CDHM/SE/VRSP/061/024/2020 la CDHM determina que la joven que en 2019 sufrió hostigamiento sexual por parte de su profesor de Biología en la Preparatoria número 4 del municipio de Jojutla, sea integrada en el padrón de la Comisión Estatal de Víctimas, además obliga a la UAEM a diversas acciones enfocadas a reparar el daño.
Al rector Gustavo Urquiza Beltrán le pide revisar sus procedimientos internos y órganos competentes en un plazo no mayor a 40 días naturales. “Como medida de satisfacción supervise que el Abogado General y la Titular de la Unidad de Atención a Víctimas de la UAEM, realicen una disculpa pública por las vulneraciones al derecho de a la legalidad y seguridad jurídica de las quejosas”, que en este caso sería la menor y su madre. La disculpa deberá ser publicada en la plataforma de la universidad por un periodo de 30 días en un máximo de 60 días naturales.
A la titular de la Unidad de Atención a Víctimas se le obliga a garantizar el principio de no repetición y brindar capacitación al personal de la preparatoria en un plazo máximo de 60 días naturales.
La CDHM también impone medidas a la Fiscalía General de Justicia a que designe un asesor jurídico; a la Comisión Estatal de Víctimas, a que la inscriba en el Registro Estatal de Víctimas y proceda a reparar el daño de manera integral.
La víctima deberá ser rehabilitada al ser un daño irreparable y ya consumado dice el documento, además que deberán ser subsanados gastos médicos, psicológicos, de transporte, comida, alojamiento y todo lo que conlleva a que la víctima buscó justicia.
Y es que de acuerdo a la comisión encabezada por Israel Hernández Cruz, la víctima interpuso una queja ante la Unidad de Atención a Víctimas el 12 de marzo de 2020, luego del 24 de marzo lo hizo ante la Unidad de Investigación de Delitos contra la Mujer de la Fiscalía General de Justicia, y el 25 de marzo acudió a la CDHM.
La dilación en el proceso permitió que el profesor, y presunto culpable de acoso, Guadalupe “N”, interpusiera un amparo y el 16 de marzo de 2021 el Juez de Control ordenó la suspensión del proceso aún cuando había una vinculación a proceso con fecha 29 de septiembre de 2020.
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