La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) podría estar incumpliendo con sus responsabilidades de transparencia, debido a que durante dos años, no ha solicitado constancia de no inhabilitaciones para la contratación de su personal, pero ahora está obligado hacerlo ante ese órgano judicial, luego de que el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) así lo decretó.
El magistrado presidente del TJA, Joaquín Roque González Cerezo, explicó que esta determinación obliga a todos aquellos que pretendan ocupar un cargo público, a tramitar ese documento ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de Morelos, pero también ante el Tribunal, como ya lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“Tenemos datos importantes y es que no hemos registrado en dos años en este Tribunal solicitudes de la UAEM. Hacemos un llamado respetuoso al señor rector, Gustavo Urquiza Beltrán, para que cumpla con la ley, y todo el personal que ingresa a la Universidad, debe de cumplir con este documento como ya le fue notificado por el SAE”, detalló el magistrado.
En caso de lo contrario, la ley de responsabilidades administrativas contempla una pena de hasta cuatro años de prisión que podría alcanzar incluso a funcionarios de la rectoría, advirtió Joaquín Roque.
“La sanción no se aplica a institución como si fuera responsable, si no el servidor público que esté con alguna inhabilitación. Y el que esté en funciones no solo comete una falta administrativa, sino de acuerdo con esta legislación penal, comete una conducta ilícita. Quien firme el alta de esos trabajadores son los responsables. El código penal establece una pena privativa de la libertad entre cuatro a seis años”, señaló.
Durante las protestas en la UAEM, que se hicieron por parte del Sindicato de Trabajadores Administrativos, algunos empleados denunciaron que ciertos catedráticos que imparten clase, están inhabilitados, entre ellos el ex rector Fernando Bilbao, aunque esto no fue comprobado.
Tan solo de enero a febrero de este año, el TJA tramitó cinco mil 644 de estas constancias, tres mil en enero y dos mil 644 en febrero. La instancia que más solicitudes hizo fue el Instituto de la Educación Básicas del Estado de Morelos (IEBEM), seguido de la Secretaría de Turismo, la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y el Congreso del Estado.
Mientras que los municipios que más lo hicieron en este lapso son Cuernavaca, Axochiapan, Emiliano Zapata, Coatlán del Río y Ayala. La cantidad de tramites del año pasado fueron seis mil, así que se estima que para este 2022 la cifra se rebase exponencialmente.
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