Por segundo año consecutivo, la actual Legislatura inició el año con la aprobación del paquete económico y las leyes de ingresos 2020 pendientes, asegurando que Morelos tendría un presupuesto con rostro social.
A partir de este mes, los parlamentarios comenzaron a analizar el perfil de candidatos para el nuevo auditor de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), que desde el 2018 se ha quedado a manos de encargados de despacho.
Aunado a los pendientes en materia legislativa, el conflicto al interior del Poder Legislativo seguía presente, en especial tras aceptar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisar la acción de inconstitucionalidad promovida por siete diputadas del denominado “Frente Progresista de Mujeres”, al cuestionar la modificación de la mayoría calificada por 13 diputados, reduciendo de 14 a 13 el voto para aprobar dictámenes e iniciativas ante el Pleno.
Entre las propuestas más destacables de modificación del paquete económico se ubicaba a finales de enero un fondo de ayuda para el pago de laudos a favor de los municipios que enfrentaban una severa crisis financiera, destinando, pretendiendo en un primer momento, destinar una partida inicial por 80 millones de pesos.
Tras tres meses de espera, el 23 de enero el Congreso de Morelos aprobó el paquete económico 2020 por un monto de 26 mil 801 millones de pesos, mientras que el 28 de enero, 13 diputados aprobaron desechar 32 dictámenes de leyes de ingresos municipales, debido a que tres legisladores se manifestaron en contra del aumento en derechos municipales tras la desaparición del 25 por ciento que representaba el impuesto adicional, considerado inconstitucional por la SCJN.
A inicios de febrero, el diputado José Luis Galindo Cortez, presidente de la Comisión de Salud del Congreso de Morelos, pidió a las autoridades y a los ciudadanos no caer en pánico ante la sospecha de contagio de coronavirus Covid-19 en el estado, conminando a los funcionarios de salud puedan informar de manera correcta a la población sobre esta nueva enfermedad.
Ante la escasa información, diputados locales todavía no contaban con una fecha específica para aprobar el segundo convenio modificatorio con la empresa Ferrosur S.A. de C.V., solicitud enviada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo en 2019.
El Centro de Investigación “Morelos Rinde Cuentas” denunció que a dos años de ejercicio constitucional, el Congreso del Estado había incumplido en materia de transparencia, al no informar sobre los recursos ejercidos no solo en la actual administración sino también en la pasada legislatura.
El 18 de febrero, el diputado presidente del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó que no permitirían mayores incrementos en los derechos municipales al pretender algunos alcaldes un aumento del 20 por ciento; en este sentido, comenzaron el análisis de la iniciativa que pretende autorizar a los alcaldes y el mismo gobierno estatal puedan contratar endeudamientos para sanear sus finanzas por el periodo que crean conveniente, el empréstito sería con cualquier institución bancaria o integrante del Sistema Financiero Mexicano, con la garantía de pago de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Inversión Social (FAIS) sin plazos fijos.
A finales de febrero, el diputado Héctor Javier García Chávez, de Morena, denunció que la actual Legislatura podría ser catalogada como la peor en la historia de Morelos, no por corrupta sino por ineficiente ante el rezago legislativo persistente dentro de las comisiones y el Pleno.
A principios de marzo, la diputada morenista, Elsa Delia González Solórzano, manifestó la posibilidad de modificar el Código de Ética Parlamentaria, plasmando sanciones en relación a la inasistencia y comportamiento de sus homólogos.
De nueva cuenta la LIV Legislatura comenzó a regresar las “jubilaciones doradas” a extrabajadores del gobierno de Graco Ramírez, toda vez que la autoridad federal avaló la entrega de este derecho por medio de juicio de amparo.
El 10 de marzo trabajadores sindicalizados del Poder Judicial se manifestaron en el Congreso del Estado exigiendo de manera urgente un ajuste al paquete económico destinado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), con el propósito de obtener un aumento salarial para los periodos de 2019 y 2020, así como mejoras a las condiciones generales del trabajo.
Al presentarse los primeros casos confirmados y decesos de Covid-19 en México, la diputada de Movimiento Ciudadano, Ana Cristina Guevara Ramírez, adelantó que desde el Congreso del Estado exhortarían a las autoridades de salud a tener una rigurosa atención del coronavirus, así como implementar campañas preventivas; puntualizando Morelos no estaba preparado para la llegada de este nuevo virus.
El 19 de marzo, la Comisión de Salud recomendó al Gobierno Federal aplicar todos los protocolos de atención contra el Covid- 19, particularmente en sitios muy concurridos diariamente, como el metro de la Ciudad de México.
Frente a la pandemia mundial, el Congreso de Morelos cerró sus puertas hasta el 17 de abril.
El 1 de abril, por unanimidad autorizaron el punto de acuerdo para llevar a cabo de manera virtual los trabajos correspondientes a las sesiones que sean consideradas pertinentes, atendiendo a la situación que enfrenta el estado.
El 2 de abril el Congreso de Morelos fue informado de la renuncia de Mireya Arteaga Dirzo como comisionada del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).
El Poder Legislativo se sumó al “Pacto por Morelos” plasmado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Diputados y abogados morelenses anunciaron que solicitarían a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) disminuya en un 50 por ciento el cobro del consumo de energía eléctrica durante la pandemia de Covid-19.
Siguiendo el ejemplo de entidades federativas como Chiapas, Estado de México y Baja California, diputados locales habían puesto sobre la mesa aplazar el inicio de la próxima jornada electoral ante la pandemia del Covid-19.
El 18 de abril, el Observatorio Electoral de Paridad de Género Morelos exigió al Congreso del Estado aprobar a la brevedad la armonización legislativa en materia de paridad y en prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de género rumbo a las elecciones 2021.
El Observatorio de Derechos Humanos y Diversidad Sexual del Estado manifestó la necesidad de aprobar a la brevedad la Ley de Identidad de Género en Morelos; pese a que aún y cuando no exista la votación de los diputados para alcanzar su aprobación, continuarán con la lucha legal para poder lograrlo.
En junio, diputadas locales denunciaron que el PES condicionaba su voto para la armonización en materia de violencia política de género a cambio de la aprobación de los demás partidos a la reforma electoral que sería para beneficio propio.
Fue así como el 3 de junio en una sesión de madrugada, la recién modificada mayoría calificada en el Congreso del Estado aprobó la reforma electoral que aumentaba no sólo a 24 el número de diputados sino que también fortalecía al partido político que encabeza el gobierno de Morelos; la iniciativa fue votada junto con la armonización en materia de paridad y violencia política por razón de género, obteniendo seis votos en contra y 13 a favor.
A más de dos meses de la pandemia de Covid-19, el Congreso de Morelos aprobó reformas al Código Penal para endurecer sanciones contra agresores de trabajadores de la salud en situación de pandemia, epidemia, enfermedades transmisibles o cualquier otra de salubridad general.
La mayoría de los ediles manifestaron votarían en contra de la reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado al considerar no tuvieron el tiempo suficiente para analizarla, confirmó Adrián Cázarez González, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm).
El 9 de junio cinco diputados del Congreso local celebraron la publicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad” del decreto en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad total, mismo que, confirmaron, fue elaborado con la sociedad civil organizada.
Ante las acciones que tomaron los últimos días diputadas de la LIV Legislatura local, activistas y feministas morelenses denunciaron que una vez más en el Congreso local importaron más los intereses de los grupos políticos que hacer la diferencia a favor de las mujeres, pese a ser una Llegislatura con el 70 por ciento de mujeres.
El 18 de junio, el Congreso del Estado dio a conocer el primer caso positivo entre su plantilla laboral, se trataba de un asesor del diputado de Morena, Héctor Javier García Chávez.
Morelos se convirtió en uno de los pocos estados a nivel nacional en aprobar la “Ley Olimpia”.
A finales de junio 30 de junio, entre reclamos del colectivo de la diversidad sexual, diputados locales mandaron nuevamente a la congeladora legislativa el dictamen de la Ley de Identidad de Género, impulsada desde el 2014 por integrantes de la comunidad LGBTI+, por supuestas pifias en el dictamen.
A inicio de julio, el Congreso del Estado aprobó que Morelos participe en el esquema de potenciación de recursos del fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas.
El 15 de julio, como un hecho histórico para el estado y tras más de un año en pie de lucha, Hueyapan se convirtió en el municipio número 36 en Morelos.
El Congreso de Morelos retomará próximamente la solicitud de juicio de político contra el exgobernador Graco Ramírez, confirmó el diputado presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, José Casas González.
El 4 de agosto, por violencia política en razón de condición de género y tráfico de influencia, la ciudadana Sharol Gual Pérez presentó una denuncia en contra del legislador de Encuentro Social, Marcos Zapotitla y el fiscal general, Uriel Carmona Gándara.
El 9 de agosto, en Morelos las personas que compartan imágenes íntimas de una persona que le fueron enviadas por razón de confianza o extraídas de manera ilegal serán castigados hasta con 12 años de prisión, esto tras la entrada en vigor la Ley Olimpia en el periódico oficial “Tierra y Libertad”.
Tras casi 11 meses de espera, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso de Morelos, retomó el juicio político contra el exgobernador Graco Ramírez y dos exsecretarios de finanzas de la pasada administración al no entregar recursos en 2018 a dos organismos autónomos.
En septiembre la Fracción Parlamentaria del PAN advirtió que dentro del paquete económico 2021 impulsarían los ayuntamientos de Morelos reciban el total del 5 por ciento de sus participaciones federales que les fueron retenidas en 2013 para integrar el Mando Único.
El 22 de septiembre se dio a conocer la denuncia en contra del diputado Marcos Zapotitla Becerro por cometer el presunto delito de violación en contra de una mujer.
Con 12 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones, el Pleno del Congreso de Morelos removió al diputado por el VII Distrito con cabecera en Cuautla, Marcos Zapotitla Becerro, de la presidencia de las Comisiones de Igualdad de Género, así como de Seguridad Pública y Protección Civil por la acusación en su contra.
En octubre se informó que son 36 los aspirantes que buscan ocupar los cargos como comisionados del IMIPE que dejaron Mireya Arteaga Dirzo y Víctor Manuel Díaz Vázquez.
El 1 de octubre, el Poder Ejecutivo entregó el paquete económico 2021 al Congreso local, mientras que el 5 de octubre presentó la solicitud de refinanciamiento de la deuda pública estatal.
Para el presupuesto 2020 el Congreso del Estado etiquetó 50 millones de pesos destinados al pago de laudos y sentencias ejecutorias dictadas en contra de municipios del estado, pero a dos meses de concluir el año, el Idefomm denunció no habían podido acceder al apoyo desconociendo el destino de los recursos que quedó finalmente en 50 millones de pesos.
En noviembre, ocho diputadas locales lograron retirar del Pleno al diputado Marcos Zapotitla Becerro, requiriéndole pida licencia del cargo para enfrentar las investigaciones en su contra sin fuera como parlamentario.
Tras cinco meses de espera, el Pleno del Congreso local designó por unanimidad a los nuevos titulares de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.
La Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso de Morelos determinó notificar por edictos al diputado local, Marcos Zapotitla Becerro, de la declaración de formación de causa que se inició en su contra desde septiembre promovido por la FGE, esto al no haber podido localizarlo ni en su domicilio laboral ni personal.
La SCJN declaró la invalidez de la Ley de Egresos del gobierno del estado 2020, debido a que en su aprobación –por parte del Congreso del Estado- se incurrió en violaciones graves al proceso legislativo.
A principios de diciembre, por mayoría de votos el pleno del TEEM calificó como procedente las medidas cautelares solicitadas por el diputado Marco Zapotitla Becerro, quien afirmó ser víctima de violencia de género por parte de sus homólogas.
Ante la falta de cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo, maestros jubilados de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) exigieron al Congreso del Estado asignara un presupuesto especial para el pago de su prima de antigüedad en 2021.
Ante la manifestación de trabajadores de Puente de Ixtla que exigían un rescate financiero para el Ayuntamiento, diputadas locales integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública aseguraron se cuenta con la disposición de apoyar a los municipios económicamente, gestionando mesas de trabajo entre el Ejecutivo, Legislativo y ediles.
Dentro del plazo constitucional, con 18 votos a favor y una abstención diputados locales aprobaron el paquete económico 2021 de Morelos.
La aprobación de las 36 leyes de ingresos municipales se postergará hasta enero del 2021.
