A tres años y siete meses de que por decreto fue creado el municipio indígena de Xoxocotla, en el poblado impera la ingobernabilidad tras una álgida disputa de dos grupos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada y con el Gobierno del Estado, revelan vecinos, quienes entre el miedo y la indiferencia deciden mantenerse al margen.
Ni la policía entra
Los propios habitantes advierten que el pueblo se ha declarado sin ley, ya que por décadas acostumbraron a cerrar la carretera Alpuyeca-Jojutla para exigir a las autoridades respuesta a sus demandas.
Bastaba eso para que les resolvieran y desde entonces no han cambiado las cosas. Al municipio indígena lo atienden cuando se manifiesta, levanta la voz y toma carreteras. De hecho, desde finales de los 80 la policía ni se atrevía a entrar a ese lugar.
Una mujer mayor, quien pide omitir su nombre, asegura que durante años no hubo autoridad que valiera: “La gente se acostumbró a hacerse justicia por mano propia, a mí me mataron a dos de mis hijos y luego otro buscó venganza y para que no lo mataran se fue, no lo he vuelto a ver, no sé si vive o ya no, solo me quedé con mis hijas”.
La gente se niega a ser entrevistada en torno al severo problema de inseguridad, pues reconocen que han recibido amenazas. Y es que hasta los comerciantes en enero de este año se organizaron para colocar cámaras de vigilancia y pusieron lonas en las que advierten que están dispuestos a “linchar” a los delincuentes. El motivo partió tras el asesinato del presidente municipal, Benjamín López Palacios, cuando además repuntó la delincuencia de amenazas, extorsiones e incluso intento de cobro de piso.
Asimismo, cundió el pánico cuando le dieron muerte a Manuel Jiménez Ponciano, secretario municipal. Además, las colonias y cabecera de este municipio indígena quedaron sin policía preventiva desde noviembre de 2021 , una vez que los dio de baja el Consejo Municipal que presidió Leonel Zeferino Díaz. Solo una unidad de la Coordinación Estatal de Seguridad hacía rondines sobre la carretera.
Todos quieren el control
Para luchadores sociales, agrupaciones promotoras de la cultura y las artes, está claro que hay grupos externos no solo del crimen organizado, sino también del Poder Ejecutivo estatal, que a toda costa quieren controlar los municipios, pero sobre todo a Xoxocotla.
“La creación de los municipios indígenas es un proyecto gubernamental, eso no nació de la gente, no fue una demanda de la comunidad, si creemos ese cuento nos estaríamos engañando”, manifiesta Marco Antonio Tafolla, del Centro Cultural Yankuik Kuikamatilistlli. Y agrega: “Lo que importa es cómo le vamos a hacer para que les lleguen los beneficios, no de las disputas electorales, sino a través del derecho colectivo del municipio indígena”.
Lamentó que en los tres años del Consejo Municipal indígena no se sentaran las bases y trabajaran sin una ley de ingresos y egresos propia, no se hicieron consultas ni ordenamientos propios, es decir, falta mucho por hacer y en medio de pleitos nadie deja gobernar a nadie.
Pactos y claroscuros
En ese tenor, varios maestros de esta misma localidad, quienes han preferido mantenerse al margen de toda la vorágine política desatada, opinan que lo más lamentable es que sea en las entrañas de un mismo grupo político que sin duda pactó con delincuentes, porque tal parece que había una sucesión declarada en el poder.
Y como evidencia citaron el control de la Tesorería a cargo de Jaime Emilio Sánchez Ramírez, del ala política de Julio Espín, a quien acusan de derrochar recursos de dudosa procedencia en su nuevo partido “Morelos Progresa”.
Incluso un grupo de ejidatarios del municipio indígena consideran que “hay grupos externos y esa es una realidad, de ahí que será muy importante evidenciar la injerencia de la delincuencia organizada", en el control de ese poblado.
“Ni el Gobernador, que no es de Morelos, ni sus subordinados en dependencias de gobierno han puesto interés en los municipios indígenas que recibieron y se les fueron tres años, sin asesorarlos, sin poner reglas claras a tal grado que incluso Hueyapan no aparece en el mapa, se quedó sin presupuesto, dónde está el trabajo de dependencias como el Instituto de Fortalecimiento de los Municipios”, señala uno de los gestores agrarios de Xoxocotla.
Las consecuencias de ser históricamente opositores
A Xoxocotla le han cobrado muy caro la factura de haberse opuesto a un aeropuerto, de estar en la lucha de los pueblos por la defensa y el derecho al agua, de respaldar la lucha de los maestros contra la Reforma Educativa y ahora contra los mega proyectos como el gasoducto y la termo eléctrica, en Huexca.
Un rosario de demanda
Sin embargo, los problemas no acaban ahí, pues al agitado panorama político y social que vive Xoxocotla se le agregan las demandas que han interpuesto la regidora Cristina Benítez Ángel y la síndica Silvia Herrera Rivera por violencia política y de género, a las cuales se suman otras ante la Fiscalía General del Estado por amenazas y una más del expresidente municipal, Raúl Leal Montes, por presunto peculado contra Abraham Salazar Ángel, quien rechaza tales acusaciones y asegura:
“A Xoxocotla no le llega ese presupuesto mensual, no llegan ni 5 millones de pesos”. Aún así y por todo lo anterior, el actual alcalde Salazar Ángel solo espera que la Auditoría Superior esclarezca todas las irregularidades que hay desde el periodo de Leonel Zeferino, y advierte que el grupo opositor pretende “amarrarse el dedo antes de cortarse”, ya que también tendrá que ser auditado y rendir cuentas porque ni a su personal les pagó.
Entre la sospecha criminal
El primero en revelar lo que era un secreto a voces sobre la injerencia de la delincuencia organizada, justo después del asesinato de Benjamín López Palacios, fue el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara: “Fue por pugnas políticas, donde sin duda el fondo del asunto para privarlo de la vida está relacionada con la delincuencia organizada”, dijo en ese entonces.
De los nombres relacionados con las células del crimen organizado que han sido citados por regidores como Vidal de Dios Huerta y Sarath Pancarta, señalan a Silvano Rivera (pariente de la síndica Silvia Herrera Rivera) y Silverio Díaz.
Incluso advierten que solo responden a intereses de grupos políticos externos como el de Julio Espín Navarrete y a quienes se les relaciona con la muerte de Benjamín López Palacios, Manuel Alejandro Jiménez Ponciano y Epifanio Juárez.
También afirman que hay un grupo de choque que se va con el mejor postor y que ha hecho destrozos en la capital morelense, Cuernavaca, y donde nadie les hace ni dice nada, pues aseguran que son protegidos del gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
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