El Estado mexicano ha fallado y está incumpliendo con la readaptación social de las personas que se encuentran presas en las cárceles, debido a que no existe una política clara para solucionar un problema que ha crecido con el paso del tiempo: la incorporación a la sociedad de los que delinquen, sentenció World Justice Project México.
Para esta organización las cárceles del país se han convertido en universidades especializadas en el crimen y no en promotoras de reinserción social. Leslie Solís Saravia, investigadora de World Justice Project, alertó que los centros de readaptación social más peligrosos y corruptos son los que se ubican en Ciudad de México, Estado de México y Puebla.
En entrevista con El Sol de México, la especialista criticó el actuar de las autoridades mexicanas al no garantizar a la población en penales, principalmente jóvenes, un adecuado programa de reinserción social basado en la educación y en la intención de no seguir delinquiendo.
“El Estado mexicano ha sido incapaz de brindar las herramientas necesarias para lograr la reinserción social de todas las personas que están en la cárcel”, respondió.
Además, advirtió que en algunas cárceles del país existen autogobiernos implementados por los reclusos donde controlan todo, dejando de lado a las autoridades.
“Las cárceles son controladas por los mismos internos, dejando de lado el papel de las autoridades”, subrayó Solís Saravia. Y agregó que en las cárceles hay privilegios. “Dentro de esos privilegios existen la presencia de objetos prohibidos, sustancias prohibidas, hay internos que ejercen violencia o control en el resto de la población”.
Expuso que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que el autogobierno es definido como un deficiente control en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos con relación a los servicios de seguridad y en las acciones que se realizan al interior por lo que los internos llevan a cabo responsabilidades que le corresponden al personal penitenciario.
“Hay insuficiente personal de seguridad y custodia, no existen suficientes acciones para prevenir ni atender incidentes violentos, como riñas, motines fugas, suicidios, homicidios”, afirmó la especialista.
LAS PEORES CARCELES EN LAS CIUDADES DE VANGUARDIA. 942263
La investigadora denunció que se ha descubierto que en cinco cárceles hay corrupción. Están ubicadas en la Ciudad de México, Estado de México y en Puebla.
“Las cárceles que más nos preocupan son el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y el Sur en CDMX; el Centro de Inserción Social de Puebla; el Centro de Prevención y Readaptación Social de Chalco, en Estado de México, y el Centro de Prevención y Readptación social en Nezahualcóyotl, en el Estado de México”, indentificó.
Dijo que de acuerdo con los datos del INEGI, son los centros penitenciarios donde los internos reportaron mayor corrupción y una mayor incidencia de cobros indebidos o de cobros ilegales.
El discurso de la experta en temas de seguridad es duro. Aseguró que las condiciones de violencia al interior de las cárceles, de corrupción y de autogobierno es claro, ya que los internos fungen funciones que le corresponderían a las autoridades.
Con datos del INEGI, proyectó que 1 de cada 3 personas privadas de la libertad son jóvenes menores de 29 años.
“Nos dicen que el 74 por ciento de los que están en cárceles tienen hijos. Nos dicen que el 25 por ciento de los que están en las cárceles han tenido conflictos con sus compañeros de dormitorio o de celda o con los custodios en el último año”, explicó.
Además, el 30 por ciento no tiene acceso a agua potable y el 18 por ciento no cuenta con una cama propia.Entre estos datos, existe uno que nos llamó la atención: “a nivel nacional el 11 por ciento cuenta que tuvo que realizar pagos indebidos o ilegales para recibir servicios o bienes que el centro penitenciario debería proporcionar como el pase de lista recibir comida, visitas, para tener luz eléctrica o para tener protección”.
SE DEBE TRABAJAR PARA QUE LAS CARCELES SEAN ESPACIOS DE READAPTACIÓN
La investigadora manifestó que es muy importante trabajar en condiciones para garantizar que las cárceles sean espacios con gobernabilidad, sin abusos y sin privilegios y en donde se repiten los derechos humanos. “Sin la gobernabilidad y sin el respeto a los derechos de las personas privada de la libertad no va a ser posible que el Estado mexicano cumpla con su función de reinserción social”.
A escala global, México tiene uno de los sistemas penitenciarios más débiles, siendo que el sistema penitenciario es uno de los pilares y elementos necesarios y fundamentales para tener gobernabilidad y un buen estado de derecho en el país.
“Muchas de estas personas vienen de contextos o situaciones de vulnerabilidad. Estas personas vienen de ambientes familiares violentos falta de oportunidades o de situaciones personales o familiares que nunca le s han dado oportunidad y nunca han contado con oportunidad de desarrollo pleno”, aseveró.
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