Manuel Lozano Jiménez, exdirector comercial de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), a quien se le acusa por firmar contratos millonarios que permitieron desvíos en dicha dependencia, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina.
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este viernes que el exfuncionario fue aprehendido por elementos de la Organización Internacional de Policía (Interpol, por sus siglas en francés) en el país sudamericano, producto de una ficha roja que se giró en su contra a petición del gobierno mexicano.
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Este caso es diferente a otro que abrió este año la FGR en contra de 22 personas, entre ellas servidores públicos, empresarios y civiles posiblemente beneficiados por el presunto desvío de más de 142 millones de pesos por la compra irregular de 7.8 toneladas de azúcar, en el que ya han sido vinculados a proceso 11 implicados.
Lozano Jiménez es acusado por la FGR de los delitos de peculado y delincuencia organizada con fines de realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con la Fiscalía, el exfuncionario de Seguridad Alimentaria firmó contratos que permitieron un desfalco millonario en la dependencia.
Aunque en su comunicado no detalló la cantidad de los recursos desviados, la FGR apuntó que la acusación en su contra corresponde a la última carpeta de investigación judicializada sobre las irregularidades en Segalmex.
Por lo que, al momento, la razón de su detención habría sido un aparente fraude por más de 435 millones de pesos en la dependencia, así como el desvío de 520 mil litros de leche líquida con valor de mil 251 millones de pesos.
Tras su captura, la FGR detalló que ya se encuentra llevando a cabo todos los trámites necesarios respecto a la extradición de Manuel Lozano Jiménez para que pueda ser puesto a disposición de un juez en el país.
Segalmex se encarga de administrar programas de apoyo a pequeños productores para garantizar la distribución de alimentos básicos en el país.
Millonario desfalco
El desfalco a Segalmex generó un daño al erario por 142 millones 440 mil 883 pesos, derivado de la compra irregular de 7.8 toneladas de azúcar a la empresa Servicios Integrales Carregin.
Un juez federal ordenó girar 22 órdenes de aprehensión en contra de diversos funcionarios públicos, empresarios y beneficiarios acusados por los desvíos.
Las órdenes de aprehensión fueron obtenidas por la FGR, que los acusa de estar vinculados a delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado en contra del patrimonio de la dependencia.
De acuerdo con la FGR, este grupo de personas que se encuentra integrado de 12 servidores públicos de Segalmex, cuatro personas de las empresas coludidas y seis presuntos beneficiarios de los recursos desviados.
El modus operandi de estas personas, explicó la Fiscalía, “celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente”.
Hasta ahora se conoce que las irregularidades en Seguridad Mexicana Alimentaria ascienden al menos a nueve mil 500 millones de pesos, principalmente en el reparto de maíz y frijol, donde no se se encontraron comprobantes por 212 millones de pesos, así como la falta de pruebas en la recepción de bienes o servicios que generaron pasivos por 269 millones.
Asimismo por una incongruencia de 476 millones en el registro del valor de granos y lo que se tenía en los estados financieros de la dependencia.
Antes de la detención de Manuel Lozano Jiménez, ya habían sido aprehendidos el empresario Fernando Hiram Zurita, presunto responsable de la empresa Carregin, el pasado 2 de abril, a quien se le dictó prisión preventiva.
También han sido vinculados Artemio Gutiérrez Rodríguez, encargado del almacén de Diconsa en Guanajuato; Simón Escobar Copca, exjefe del almacén de Diconsa en Querétaro; Laura Patricia Hernández Rojas, excoordinadora de Control Presupuestal de Liconsa; y Roberto Rivera Ramos, subgerente de Programación y Adquisiciones de Granos y Azúcar de la Unidad Operativa de Diconsa en Querétaro.
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De igual manera a Jorge Humberto González Bocardo, excoordinador de Operaciones de Diconsa; y Jorge Romero Valencia, accionista de la empresa Carregin, quien se habría encargado de simular la compra de la azúcar, entre otras.
El único funcionario que ha librado estar sujeto a este proceso es Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector jurídico de Segalmex, ya que el juez consideró que no existían las suficientes pruebas en su contra.
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