El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, se mantiene firme en la defensa del informe que presentó el pasado 18 de agosto a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, luego de que el periódico The New York Times publicó declaraciones del propio Encinas sobre 467 capturas de pantalla de conversaciones de Whatsapp que no pudieron ser verificadas.
“Soy el principal sorprendido, ¿no?, que ese día que yo autodescalifiqué mi trabajo, pues la verdad no fue así, mucho menos, sería una falta de respeto a las compañeras y compañeros de mi equipo de trabajo que van acompañados de manera muy seria y profesional”, dijo el también titular de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (CoVAJ) ayer durante la conferencia mañanera del Presidente.
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Frente al mandatario federal, Encinas señaló que es cierto que parte de las capturas de pantalla, en su mayoría provenientes de presuntas conversaciones de miembros de Guerreros Unidos –agrupación delictiva a la que se le adjudica la responsabilidad de desaparecer a los jóvenes– permanecen sin ser verificadas.
Sin embargo, aseguró que aún si resultan ser apócrifas hay otros elementos que sustentan la versión presentada por la CoVAJ en agosto pasado, la cual sostiene que los normalistas fueron separados en grupos pequeños y asesinados bajo diferentes métodos, versión que difiere con la llamada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto, que dice que fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Con este supuesto pidió recordar que el más reciente informe de la Comisión de la Verdad no solo está sustentado con las capturas de pantalla sino que además está integrado con “análisis de las comunicaciones, las declaraciones emprendidas en el expediente, las entrevistas y testimonios recogidos por la comisión del caso Ayotzinapa, los informes del GIEI, la información de la Secretaría de la Defensa Nacional, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los mensajes de la DEA de Chicago, el último pliego de consignación de la Fiscalía, el levantamiento de campo (de evidencia) que hemos hecho a lo largo de muchos años en distintos municipios y el análisis de los metadatos”.
El que los mensajes sean verídicos o no es relevante porque estas supuestas comunicaciones forman parte de la pruebas presentadas contra cuatro exmandos del Ejército que hoy permanecen presos y que amenazaron con denunciar al subsecretario por presentar supuestas pruebas falsas en su contra.
El desconocimiento de las capturas de pantalla por parte del GIEI es cierto. Los propios expertos señalaron en su informe del 29 de septiembre pasado que la integración de las conversaciones se hizo después de que ellos tuvieran acceso a la investigación de la Comisión de la Verdad, por lo que se abstuvieron de emitir algún veredicto sobre su veracidad y solicitaron al Gobierno federal que les permitiera quedarse un mes más en el país hasta que pudieran realizar el análisis necesario de las imágenes.
En ese momento se desconocía qué tipo de información comprendía dicha evidencia, ya que el gobierno entregó a los medios el informe con las conversaciones testadas, pero casi un mes después, la periodista Peniley Ramírez publicó detalles sobre el caso que hasta el momento no habían sido revelados, basándose en una copia sin testar que le fue filtrada.
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Ahí, además de dar los nombres de presuntos implicados en el caso, también dio más detalles sobre las formas en que habrían sido asesinados y desaparecidos los jóvenes. Ante esta filtración, Alejandro Encinas pidió a la FGR iniciar una investigación contra quien resultara responsable de compartir información confidencial.
No obstante, consultada ayer por El Sol de México, y aunque reconoció que sí existe una investigación, la Segob negó que el subsecretario la haya promovido y, en cambio, explicó que ésta se abre de manera oficiosa.
El propio Encinas aseguró que la CoVAJ no presentaría ninguna denuncia y aseguró que la Comisión a su cargo continuaría con su trabajo a pesar las “voces” que se han pronunciado en contra de la investigación.
“Estas voces buscan restarle credibilidad al proceso, generar dudas, desconfianza, por supuesto, pero lo que más daño hacen es afectar la moral, es el dolor que tienen los padres y los padres deberían de ser respetados plenamente por todas y por todos”, concluyó.
REAPARECE EXFISCAL ESPECIAL
Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA) reapareció ayer en California, Estados Unidos, luego de que hace un mes presentó su renuncia como fiscal especial de la Fiscalía General de la República (FGR).
Señaló que la desaparición de los normalistas, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, fue parte de una forma de control que ejerció el crimen organizado en Guerrero porque Iguala es un centro de distribución de droga gracias a la conexión carretera que hay hasta la frontera con Estados Unidos.
También aseguró que dicha estrategia fue posible debido a la colusión que existió por parte de numerosos elementos de la Sedena. Prueba de ello, dijo, es que de las 83 órdenes de aprehensión que se giraron cuando todavía se encontraba al frente de la UEILCA, al menos 20 fueron en contra de militares.
