La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó ayer el primer informe de resultados de su fiscalización a la Cuenta Pública 2021, correspondiente al tercer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ninguna de las 207 auditorías –de más de dos mil que se contemplan–ponen la lupa en los proyectos prioritarios de la actual administración como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, la refinería de Dos Bocas (cuyas oficinas se inauguran hoy) o el aeropuerto de Santa Lucía, abierto desde el pasado 21 de marzo.
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Tampoco en sus programas sociales estrella como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida o las becas a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, a las que se destinan buena parte de los recursos públicos.
En reunión semipresencial, David Colmenares, auditor superior de la Federación, presentó ayer a los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados la primera entrega de las auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2021, en la que se detectaron presuntas irregularidades por mil 38 millones de pesos.
De este monto, las dependencias han podido aclarar 201 millones 942 mil pesos, quedando pendientes de ser solventados 836 millones 253 mil pesos, dinero que hoy por hoy está en el limbo.
De estos 836 millones, 389 millones corresponden a gasto efectuado por la administración central en tanto que 447 millones atañen a erogaciones que estados y municipios efectúan con dinero que les transfiere la Federación vía participaciones, aportaciones y apoyos, es decir, el gasto federalizado.
“El gasto federalizado es, por su monto e importancia, uno de los renglones principales del presupuesto, por lo que la labor fiscalizadora ha sido especialmente rigurosa en su análisis”, dijo Colmenares.
Entre los principales hallazgos dados a conocer ayer destaca un posible daño al erario por 64.8 millones de pesos en la construcción del ramal para conectar al Tren Suburbano con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Sobre la obra, la ASF señaló que se autorizaron pagos en exceso. Estos pagos, refirió el órgano, fueron por los conceptos de suministro de durmientes y de materiales de vía, los cuales no fueron localizados, aun cuando en las especificaciones particulares y sus precios unitarios contemplan suministro, transporte, descarga y puesta en obra.
En otra auditoría, la ASF encontró que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) construyó el Túnel Emisor Oriente (TEO) con un sobrecosto de 120.7 millones de pesos.
Mientras en la revisión al Programa de Apoyo Financiero para Microempresas Familiares, mejor conocido como Crédito a la Palabra, encontró que la Secretaría de Economía (SE) otorgó apoyos económicos por 375 mil pesos a 15 personas fallecidas que estaban inscritas.
De acuerdo con la Auditoría, dichos beneficiarios fallecieron antes de recibir los recursos por parte de la dependencia. Ante esta problemática, recomendó a la dependencia que dirige Tatiana Clouthier fortalecer sus mecanismos de control para que pueda revisar en tiempo real a los candidatos al programa.
NO HAY RASTRO DE ARMAS
En lo que respecta al gasto federalizado, es decir, el dinero destinado a los gobiernos locales, más de la mitad del monto por aclarar se concentra en el rubro de seguridad (250 millones de pesos).
Algunos de los estados que más padecen por la violencia –Michoacán, Quintana Roo y Coahuila– son los que hicieron un gasto menos escrupuloso.
La ASF detectó las mayores irregularidades en el gobierno de Michoacán, que durante la mayor parte de 2021 estuvo bajo el mando del perredista Silvano Aureoles. En este caso concreto, el órgano fiscalizador encontró que el estado compró a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) armamento y municiones de los que no existe evidencia que hubieran sido distribuidos entre los policías para su uso.
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Se trata de 854 armas cortas, 897 armas largas, mil 559 cartuchos y mil 959 cargadores con un costo de 64 millones 742 mil 765.85 pesos.
Caso similar ocurrió en Coahuila, gobernado por el priista Miguel Ángel Riquelme Solís, en el que se detectaron irregularidades por 23 millones 746 mil 41.80 pesos en dos convenios en los que se identificó que la administración estatal “no acreditó la entrega de los bienes y no contó con la puesta a disposición para la entrega de las adquisiciones, las actas de entrega, las notas de envío y su registro federal, emitido por la Sedena”.
El caso de Quintana Roo, gobernado por Carlos Manuel Joaquín González, las irregularidades fueron por 19 millones 955 mil 165.75 pesos en un esquema similar a los anteriormente descritos.
Las próximas dos entregas a la Cuenta Pública 2021 tendrán lugar en noviembre de 2022 y febrero de 2023.
Con información de Juan Luis Ramos y Alfredo Maza
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