La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dejó en claro que en las investigaciones del Caso Iguala, no atendió a cálculo o consideración política de ninguna índole, ya que estuvo determinada por la falta de información confiable con la que contaban las autoridades que en ámbitos diversos desarrollaban la investigación del caso, así como en la serie de negativas y obstáculos que enfrentó para el desarrollo de sus labores. En el marco de la instalación de la Comisión Investigadora de la Verdad para el caso Ayotzinapa.
La CNDH especifico que la verdad en el Caso Iguala es una y no admite adjetivos que condicionen o determinen su contenido, el cual debe estar sustentado en la evidencia objetiva y verificada de hechos, no así en opiniones o pareceres, ni sujeta a coyunturas o intereses políticos ni de ninguna otra índole.
“Este Organismo Nacional no avala la denominada teoría de la “verdad histórica”, pero también sostiene que las críticas y cuestionamientos que se hubiesen hecho en contra de esa u otras teorías, no pueden implicar que las posteriores investigaciones partan de un sesgo inicial o premisa de descartar cualquier elemento que tuviera relación o estuviera vinculado con las mismas, si encuentran sustento en la adminiculación de pruebas y elementos objetivos de convicción”, señaló. Subrayó la necesidad de que se revisen los más de 63 mil fragmentos óseos que habrían sido recuperados en el Basurero de Cocula y en el Río San Juan, y que obran en resguardo de la Procuraduría General de la República, a efecto de que se analicen genéticamente aquellos que sean susceptibles de ello.
En una revisión muestral de estos fragmentos, dentro de los cuales ya se habrían identificado algunos que corresponderían a dos de los normalistas desaparecidos, se detectaron 114 fragmentos que serían susceptibles de tal análisis. Esta acción puede ser de inmediata atención, con independencia de la revisión que eventualmente se haga del demás material probatorio.
Asegura que cualquier irregularidad u omisión que se comprobara cometieron las autoridades que conocieron del caso en la obtención de los fragmentos óseos antes aludidos, implicaría la comisión de delitos o la apertura de nuevas líneas de investigación que, necesariamente, tendrían que ser desahogadas con independencia de que se determine si los restos óseos hallados corresponden a los normalistas desaparecidos.
En este sentido, da la bienvenida al establecimiento de la Comisión de la Verdad que ha anunciado el Gobierno de la República y reitera su disposición para colaborar con ella desde su autonomía y en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales.
