Luego de que el panista Ricardo Anaya se presentó este lunes a declarar de nueva cuenta por vía remota ante un juez para enfrentar las acusaciones que le hace la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de cohecho, el juzgador decretó un receso para reanudar el próximo 8 de noviembre la audiencia y así poder analizar las más de mil hojas de este caso.
El juez también conminó a Eduardo Aguilar Sierra, abogado del ex candidato presidencial, a que, en la próxima comparecencia, se presente de manera física, pues esta es la segunda vez que Anaya se acude de manera virtual, desde que fue citado el pasado 23 de agosto por la ley para comparecer por haber recibido presuntamente un soborno cuando era diputado federal de parte de Emilio Lozoya para votar a favor de la Reforma Energética del presidente Enrique Peña Nieto.
Además, el juzgador estableció un plazo para el próximo 8 de noviembre, a fin de que sean trasladadas las más de mil hojas del a investigación, en virtud de que el abogado manifestó que apenas, el pasado 1 de octubre, la FGR había “corrido el traslado” de los documentos adicionales a la carpeta de investigación, donde se suma la acusación de 2017 contra Anaya, por el presunto delito de lavado de dinero.
A finales de 2018, tras concluir el proceso electoral presidencial, Anaya había sido exonerado de esta acusación por la propia Fiscalía; sin embargo, esta mañana, Anaya aseguró mediante un video que este organismo de justicia había “revivido” el caso.
El abogado Aguilar expresó mediante un comunicado que la audiencia se pospuso hasta el 8 de noviembre, porque adujo en que “no existen condiciones para que se celebre la audiencia, con el objeto de que la Defensa cuente con mayor tiempo para estudiar las constancias entregadas por la Fiscalía” y que ante tal alegato, la Fiscalía estuvo de acuerdo en el diferimiento.
También agregó que Ricardo Anaya “goza de todos sus derechos jurídicos y ciudadanos vigentes”, mientras reiteró la inocencia de su defendido respecto a los hechos que se le imputan.
“Ya se ha evidenciado en la opinión pública que este proceso no es otra cosa que una persecución política”, concluyó el defensor del panista.
Con información de Alfredo Maza
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