/ jueves 3 de octubre de 2024

Ministras de la SCJN acusan posible golpe de Estado por análisis de la reforma judicial

Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz acusaron que la SCJN no tiene facultad para analizar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial

Las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz cuestionaron si la institución se encamina a dar golpe de Estado, luego de que el Pleno avalara que se analice la constitucionalidad de la reforma a Poder Judicial (PJF).

El proyecto del ministro Juan Luis Alcántara Carrancá, aprobado con ocho votos a favor, propone admitir la impugnación de los impartidores de justicia para basar que la Corte ejerza la facultad prevista en el artículo 11, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para conocer de la controversia entre los tres Poderes de la Unión con este tema. Esto, luego de modificaciones propuestas por sus colegas ministros.

Al respecto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien votó en contra, advirtió que es demasiado pronto para presagiar un fracaso a una reforma constitucional que apenas comienza.

"Me preocupa que estamos desconociendo el poder reformador de la Constitución. Me preocupa darle trámite en un expediente varios si es constitucional o no una reforma constitucional. ¿Es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho?, ¿la Corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución?”, cuestionó a sus compañeros.

En el mismo sentido, la ministra Lenia Batres sostuvo que el Pleno de la SCJN sólo tiene facultades para resolver controversias el interior del Poder Judicial.

"Las facultades previstas en los artículos constitucionales a los que se circunscribe (el Pleno) no pueden ser ejercidas para los particulares ni para otros órganos del Estado, sino exclusivamente para el PJF”, aseguró Batres.

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La ministra Margarita Ríos Farjat apuntó, en contraste, que hasta ahora no se habían dado este tipo de consultas porque nunca se había aprobado una reforma como la aprobada en septiembre por el Congreso.

“Este momento histórico nos brinda la posibilidad de que el derecho constitucional mexicano se enriquezca con mayores y más amplios debates", aseguró.

Las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz cuestionaron si la institución se encamina a dar golpe de Estado, luego de que el Pleno avalara que se analice la constitucionalidad de la reforma a Poder Judicial (PJF).

El proyecto del ministro Juan Luis Alcántara Carrancá, aprobado con ocho votos a favor, propone admitir la impugnación de los impartidores de justicia para basar que la Corte ejerza la facultad prevista en el artículo 11, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para conocer de la controversia entre los tres Poderes de la Unión con este tema. Esto, luego de modificaciones propuestas por sus colegas ministros.

Al respecto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien votó en contra, advirtió que es demasiado pronto para presagiar un fracaso a una reforma constitucional que apenas comienza.

"Me preocupa que estamos desconociendo el poder reformador de la Constitución. Me preocupa darle trámite en un expediente varios si es constitucional o no una reforma constitucional. ¿Es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho?, ¿la Corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución?”, cuestionó a sus compañeros.

En el mismo sentido, la ministra Lenia Batres sostuvo que el Pleno de la SCJN sólo tiene facultades para resolver controversias el interior del Poder Judicial.

"Las facultades previstas en los artículos constitucionales a los que se circunscribe (el Pleno) no pueden ser ejercidas para los particulares ni para otros órganos del Estado, sino exclusivamente para el PJF”, aseguró Batres.

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La ministra Margarita Ríos Farjat apuntó, en contraste, que hasta ahora no se habían dado este tipo de consultas porque nunca se había aprobado una reforma como la aprobada en septiembre por el Congreso.

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