La Secretaría de la Función Pública demandó a la Procuraduría General de la República, la Administración Pública Federal y a las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, "abstenerse de infringir las disposiciones legales en materia electoral".
La titular de esta dependencia, Arely Gómez, puso a disposición de las dependencias el Sistema Integral de Quejas y Denuncias de la SFP, para que reporten a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, sobre posibles irregularidades con fines de proselitismo electoral.
Además, encomendó a los Órganos Internos de Control y al área de Denuncias e Investigaciones, cumplan con su tarea de vigilancia y prevención en el marco del proceso democrático más grande de la historia en México.
El fortalecimiento y desarrollo de la democracia mexicana requiere que los procesos electorales sean transparentes, por lo que los servidores públicos deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, como lo señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas, concluye el oficio.
La dependencia pública envío una carta en la que exhorta a los servidores públicos a no transgredir la ley en materia de propaganda gubernamental, evitar influir en la equidad de la competencia electoral y aplicar de forma imparcial los recursos públicos.
De acuerdo con la la ley, los servidores públicos no pueden amenazar a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición.
Tienen prohibido condicionar un servicio público o un programa, la entrega de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obra pública, a cambio de que las personas a su cargo eliminen su voto.
Tampoco pueden obligarlos a prestar servicios o apoyos monetarios a algún candidato. Asimismo, serán sancionados en caso de que omitan u obstruyan la fiscalización de los aspirantes a un cargo de elección popular.
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