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Dentro del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) existe un equipo que tiene a su cargo la compra concentrada de medicamentos en el país y decide sobre la construcción del nuevo sistema de salud universal para los mexicanos. Se conforma de antropólogos, guardaespaldas, arquitectos, empresarios inmobiliarios, estudiosos del voto y hombres cercanos a los banqueros del país.
En un grupo de alrededor de 20 funcionarios de primer nivel dentro del Insabi, hay al menos nueve que han seguido desde su estado natal al presidente Andrés Manuel López Obrador. Se les conoce como Grupo Tabasco.
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“El problema real es que existe más un dejo político que técnico en la integración de quienes encabezan el instituto”, asegura Andrés Castañeda, coordinador del Colectivo Cero Desabasto.
Lo que se observa en el Insabi es que “se buscó lealtad y no competencia. Se trajo a gente que no tiene idea de lo que se requiere en términos de salud”, coincide Malaquías López Cervantes, integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la UNAM.
De manera similar a como ha operado por décadas en la política el Grupo Atlacomulco en el Estado de México, sin una organización formal, el Grupo Tabasco se ha incrustado en el sector salud, concretamente en el Insabi.
Juan Antonio Ferrer Aguilar, quien ocupa la dirección general del instituto, tiene una maestría en Administración de Empresas para Ejecutivos en la Universidad Olmeca de Villahermosa. Desde los años ochenta ocupó diversos cargos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tabasco o en Chiapas, en la zona de Palenque.
En aquellos años Ferrer coincidió López Obrador cuando el mandatario era coordinador regional del Instituto Nacional Indigenista.
Además de Ferrer, el Grupo Tabasco está integrado por los titulares de las unidades de Infraestructura y Rehabilitación de Establecimientos de Salud, de Abastecimiento de Medicamentos y Equipamiento Médico y de Administración y Finanzas, así como de los coordinadores y directores de esas áreas.
En el área administrativa y de finanzas se encuentra Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, un español que por años se desempeñó como consultor de finanzas pero que en la administración de Arturo Núñez llegó a la Secretaría de Planeación y Finanzas de Tabasco.
Bajo la dirección de Lamoyi se encuentran dos cercanos colaboradores de Ferrer, Irma Navarro Herrera y Luis Alberto Gamboa Arriaga, quienes desarrollaron su trayectoria laboral previa en el INAH en Chiapas.
En el grupo también figuran Carlos Sánchez Meneses (arquitecto) y Alejandro Antonio Calderón Alipi, quienes formaban parte de la “Ayudantía Civil” del presidente López Obrador a partir del 1 de diciembre de 2018, es decir, del grupo que respaldó a los guardias presidenciales y realizaban labores de seguridad y guardaespaldas.
Según la tesis Valuación Integral de la empresa inmobiliaria y constructora Sanca, S.A. de C.V., Sánchez Meneses es en realidad un empresario de la industria inmobiliaria. Su hoja de trayectoria profesional solo refiere que obtuvo la maestría en el Instituto Tecnológico de la Construcción, perteneciente a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en 2007.
La plataforma MexicoLeaks revela que en los últimos años logró siete contratos con valor de 15 millones 184 mil pesos en el estado de Hidalgo, en la conservación y mantenimiento del sistema de agua y carreteras. Mientras que otro reporte del Gobierno federal indica que la empresa de la que fue gerente de construcción logró entre 2013 y 2018 otros tres contratos con valor de 9.27 millones de pesos.
Por su parte Calderón Alipi, responsable de Abastecimiento de Medicamentos y Equipamiento Médico, pese a tener una maestría en Administración de Servicios de Salud, sólo se había desempeñado como médico de guardia en el hospital privado de Nuestra Señora de Guadalupe en Villahermosa, Tabasco. También trabajó en el Hospital General de Agudos Doctor Juan A. Fernández, en Argentina, según su currículum.
El ex guardaespaldas del presidente también fue designado como titular de la Junta de Proyecto en el acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para la compra consolidada de medicinas que hará México en cinco años.
Entre sus atribuciones está aprobar cualquier modificación a los cronogramas, actividades, recursos, presupuestos, planes operativos y metas del proyecto.
El encargado de abasto de medicinas es Adalberto Javier Santaella, que por más de una década, en las administraciones panistas y priistas, estuvo al frente de la dirección de Violencia Intrafamiliar de la Secretaría de Salud.
En su expediente existe una investigación en su contra por acoso laboral por parte de una de sus colaboradoras.
Santaella Solís fue el responsable de firmar una circular el pasado 26 de febrero, dirigida a los directores de los hospitales del sector público para solicitarles comprar con sus propios medios mil 391 claves de medicamentos que no fueron incluidos en la compra consolidada internacional que hizo el Gobierno federal con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), además de 227 claves que no tuvieron oferta en los procesos de licitación, como dio a conocer ayer El Sol de México.
Este funcionario, al igual que el coordinador de Análisis Estratégico y Evaluación, Joaquín Felipe Molina Leza, tienen estudios en Cuba, aunque éste último es el único que cuenta con experiencia en la administración y gestión sanitaria, al haber colaborado en la Organización Panamericana de la Salud, en el área de medicina preventiva.
En ese primer círculo de Ferrer también figura la encargada de los Programas Médicos Prioritarios, Marevna García Arreola, con conocimiento en procesos electorales. Su tesis de licenciatura explora la trascendencia del derecho a voto de los mexicanos en el exterior frente al proceso electoral del 2006, según el repositorio de la UNAM.
Aunque cuenta con estudios de maestría en Políticas Públicas, solo se había desempeñado en el área de relaciones internacionales de la Secretaría de Salud desde 2011.
Fuera del Grupo Tabasco, en la dirección del Insabi también figuran otros funcionarios ajenos al campo de la salud.
Un caso es el de Gisela Ofelio Caballero Lara, directora de Seguimiento Institucional y Control de Acuerdos, con un perfil más cercano a los que el presidente López Obrador considera sus adversarios. En su perfil de LinkedIn indica que es politóloga y fue asesora en la campaña presidencial de Margarita Zavala. También fue asesora en la dirección general de Coparmex, con Gustavo de Hoyos.
Antes trabajó en la Cancillería, al lado del equipo de otro presidenciable, José Antonio Meade. Su labor fue la de investigar y elaborar reportes sobre los candidatos a ocupar puestos de embajadores y cónsules.
La ahora encargada del equipamiento médico y proyectos especiales del instituto, Sonia Tavera Martínez, es una especialista en uniones de crédito que laboró en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Mientras que el coordinador de Financiamiento, Joaquín Valente Paredes Naranjo, con una maestría en Ciencias de la Computación, se desempeñó, entre otros cargos, como asistente del vicepresidente del entonces grupo Banamex, encabezado por el empresario Roberto Hernández.
SIN EXPERIENCIA
Malaquías López, quien se desempeñó como director general de Planeación y Desarrollo en Salud en la administración pasada, consideró que lo que hasta ahora ocurre en el Insabi, a más de 16 meses de iniciar operaciones, sigue siendo “una ocurrencia”.
“Llegaron con ideas pero no con proyecto. Mi percepción es que fue una ocurrencia y al generarse lo que se buscó fue lealtad, no competencia, y se trajo gente que no tiene idea de lo que se requiere en términos de salud”.
Para el investigador de la UNAM, los funcionarios que están en el Insabi “son gente que no tiene la aptitud necesaria para desarrollar sus ideas. Acaban de poner al doctor (Víctor Hugo) Borja (exdirector de prestaciones del Instituto Mexicano) del Seguro Social. Él tiene una idea mucho más clara de cómo se debe proceder, pero está limitado a la parte de atención médica. Todo lo que tiene que ver con adquisiciones, financiamiento y transferencia al sistema de salud no creo que tenga gran injerencia”.
Para la diputada panista e integrante de la Comisión de Salud, Ana Paola López Birlain, “es incorrecta esa forma de administrar la salud en nuestro país. Requerimos que en todas las áreas los perfiles sean especializados, y al responder a intereses políticos están condenando la vida de millones de mexicanos. Es una negligencia y una irresponsabilidad absoluta”.
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Consideró que en política no es de nadie desconocido que hay simpatías, alianzas y amistades. Sin embargo, eso no puede ser a costa de la vida y la salud de los mexicanos.
“Que las personas que lo han acompañado (a López Obrador) y han operado políticamente sigan cercanos a él no le veo inconveniente; lo que veo irresponsable y negligente es que ocupen posiciones en donde esté en juego la eficiencia de la institución y la vida de millones de familias. Si estos perfiles cumplieran con las características que se requieren para administrar un instituto de salud, el presidente sabrá. Pero es de todos sabido que no es el caso y están ocupando espacios para posicionar y colocar a sus amistades y no para darle salud a los mexicanos”, concluyó la legisladora.
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