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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador garantizar el libre ejercicio de la investigación en el país ante la acusación de delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito en contra de 31 científicos por parte de la Fiscalía General de la República y el Conacyt, al tiempo que pidió analizar “con especial cautela, el dolo” y el daño causado al usar el derecho penal o punitivo en casos como el de los integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Al mismo tiempo expresó su preocupación y el respaldo de quienes calificaron que la denuncia fue “desproporcionada y de carácter político” en contra de ese grupo de investigadores.
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Por ello considero determinar la importancia que tiene las instituciones académicas en la construcción de Estados plurales, democráticos y diversos
"Mira con atención que la imputación de la FGR se refiere a que las personas que forman parte del Foro habrían creado una presunta organización criminal conformada por ex integrantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), así como por exempleados de la mesa directiva del Foro, para transferir recursos del Consejo al Foro de manera ilegal", dijo al dar a conocer el V Informe anual de la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA).
Indicó que las personas imputadas habrían aclarado que todas las transferencias que se realizaron fueron hechas con base a la normativa vigente como parte de las investigaciones y presentaron balances positivos en su gestión.
“Tomando en consideración lo señalado con anterioridad, la REDESCA comparte la preocupación expresada por organizaciones de la sociedad civil ante la insistencia en las solicitudes de órdenes de aprehensión en contra de los investigadores por parte de la FGR, tomando en cuenta que las mismas han sido rechazadas en dos oportunidades por los tribunales y que los investigadores afirman haber cumplido con todos los requisitos de control económico ante el Conacyt”.
La Relatoría también calificó de preocupante que se ha denunciado que las personas investigadas no habrían sido debidamente informadas de los motivos por los cuales se les estaba investigando, sino que se enteraron por denuncias filtradas en redes sociales sobre la solicitud de la orden de aprehensión.
“Ante lo expuesto con anterioridad, la REDESCA reitera la importancia que tienen las instituciones académicas en la construcción de Estados plurales, democráticos y diversos. Por lo cual es indispensable que se garantice el libre ejercicio de la investigación, siendo el derecho penal o punitivo usado como última instancia, analizando con especial cautela, el dolo, las características del daño causado y otros elementos que pongan de manifestó la necesidad de utilizar el sistema penal”.
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El año pasado la comunidad científica, las asociaciones nacionales e internacionales expresaron su inconformidad con el gobierno del presidente López Obrador por la persecución de los científicos, mientras que los integrantes de ese grupo señalado ante el ministerio público dirimieron por la vía judicial las acusaciones hasta que un juez determinó que la causa no tenía respaldo y desechó los señalamientos.
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