Luego de que en la madrugada fuera aprobada en fast track en el Senado la reforma a la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, científicos alertaron sobre los riesgos que ésta implicará en la operación del Conacyt, organismo al que se dirigieron las principales modificaciones y que ahora pasará a llamarse Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcyt).
En un desplegado en el que buscan informar a la ciudadanía sobre las afectaciones generadas por esta Ley, los científicos integrantes del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav), Eduardo Aranda-Bricaire y Alma Maldonado, alertaron sobre el aumento presupuestal, la afectación a los sindicatos científicos, el cumplimiento de convenios y la ausencia de rendición de cuentas.
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Lo anterior, ya que la mayoría parlamentaria de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, aprobaron, entre otras cosas, eliminar el mínimo de 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) que se constitucionalmente se le tendría que asignar a la ciencia.
Al eliminar de la legislación dicho parámetro, los legisladores no están obligados a asignar los recursos, de esta manera, exponen los especialistas, aunque se establece que estos deberán crecer año con año, no se garantizan mayores recursos en términos reales, sino más bien los exime de violar la constitución al no hacerlo, pues “con un incremento de cinco pesos se podrá argumentar que (el presupuesto) es superior al ejercicio anterior.
Del dictamen de más de mil páginas que compartieron los legisladores de Morena, previo a la sesión en la que se aprobaron las reformas a esta Ley, Aranda-Bricaire y Maldonado extrajeron otros 11 puntos que consideran relevantes para oponerse a las modificaciones.
Además del presupuesto, señalan que uno de los puntos más importantes es que las secretarías de la Defensa Nacional y Marina tendrán un lugar en la Junta de Gobierno del Conacyt y no así a los representantes de instituciones como el Cinvestav, la UNAM, UAM, IPN y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
Estas instituciones sí podrán formar parte de la Junta de Gobierno con voz y voto, sin embargo, a pesar de su importancia académica, no tendrán un lugar garantizado ni contarán con mayoría, ya que serán apenas ocho lugares disponibles para ellas, los estados y el sector privado, mientras que el gobierno federal contará con 14, lo que le otorga una ventaja en las decisiones que se puedan tomar e.
Sobre las becas, a pesar de que la dirección del organismo asegura que éstas seguirán garantizadas, incluso a estudiantes de posgrado que provengan de instituciones privadas, los expertos señalan que su otorgamiento y financiamiento será destinado hacia “quienes trabajen en las líneas prioritarias definidas por el gobierno” en la Agenda Nacional de Investigación.
En representación de su gremio, Eduardo Aranda-Bricaire y Alma Maldonado ven también posibles incumplimientos de los convenios firmados por el Conacyt, pues estiman que al cambiar el nombre del organismo, éste ya se podría deslindar de lo anterior, argumentando que no los firmó
Asimismo, al pasar a ser controlado por el Conacyt, estiman que el Órgano Interno Consultivo no cumplirá con su función de fiscalizar, pues ya no será independiente, lo que dificultará la rendición de cuentas.
Sobre estas modificaciones, el jueves estudiantes, becarios, científicos y organizaciones lanzaron una convocatoria de paro nacional de 24 horas para el próximo martes 2 de mayo en universidades y centros de investigación públicos y privados como protesta.
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En las últimas semanas, las instituciones, científicos y becarios de distintas instituciones han denunciado que la iniciativa de la 4T contiene errores de técnica jurídica, su implementación implica retrocesos al desarrollo científico, restricciones a la libertad de investigación, autoritarismo, discriminación, reducciones presupuestales y atenta contra derechos laborales y normas académicas.
Con información de Fernando Merino y Nurit Martínez
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