A tres semanas de que venza el plazo para que México cumpla con la entrega de agua a Estados Unidos conforme al tratado de 1944, la Conagua asegura que sí hay opciones, pero éstas deben ser aceptadas por la contraparte estadounidense, aunque claro, no se descarta que Chihuahua contribuya como debería ser, dice la titular del organismo, Blanca Jiménez.
“Sí hay alternativas, se están explorando todas, pero tienen ventajas y desventajas”, responde la funcionaria en entrevista con El Sol de México sobre las negociaciones que están en marcha a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (International Boundary and Water Commission).
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El tratado de 1944 regula cómo los dos países se reparten el agua de los ríos Colorado y Bravo, que forman parte del límite territorial entre ambos. Derivado de este acuerdo, la región norte del país recibe cada año un volumen de mil 850 millones de metros cúbicos del primero y aporta 432 millones de metros cúbicos por año (dos terceras partes) del afluente del segundo, para completar dos mil 158 millones de metros cúbicos en cada ciclo de cinco años, el último iniciado en 2015.
México tiene hasta el 24 de octubre para entregar al vecino del norte la totalidad de la parte que le corresponde. De acuerdo con la Conagua, el país aún debe 270 millones de metros cúbicos y para ello debe utilizar el agua almacenada en la presa La Boquilla, en el estado de Chihuahua, tomada desde el 3 de septiembre por agricultores de la zona quienes se niegan a la extracción porque aseguran que se les dejaría sin el líquido suficiente para poder cultivar debido a la sequía que ha afectado a la zona.
Ante el escalamiento del conflicto que provocó el rompimiento entre el gobernador, Javier Corral, y la Federación, la Conagua valora otras opciones, aunque Blanca Jiménez insiste en que el tratado establece explícitamente que para cumplir con la entrega de agua sólo se pueden utilizar seis ríos tributarios o “no aforados”: el Conchos, que está en Chihuahua; Las Vacas, San Diego, San Rodrigo y Escondido, que están en Coahuila, y El Salado, en Nuevo León y Tamaulipas.
La funcionaria explica que como alternativas se pueden utilizar los ríos que se llaman “no aforados”, además de que se puede cambiar el porcentaje: de todos los ríos, una vez que llegan al Río Bravo, un tercio del agua se va para Estados Unidos y dos tercios para México. Se puede cambiar, por ejemplo, que en lugar de que vaya un tercio a ese país sea hasta 100 por ciento, precisa.
Menciona que en otras ocasiones se han utilizado otros ríos que ya están muy bajos, cerca del Golfo, pero esto debe ser aceptado por Estados Unidos y sus usuarios. “Estamos todavía en negociaciones a través de la CILA y por eso no puedo especificar en este momento una solución en particular. Y claro, tampoco se descarta que Chihuahua siga contribuyendo, que es lo que debería ser”.
—¿Cuál es el clima de negociación con la contraparte estadounidense en la CILA?
—Excelente. Aquí en México la CILA es un actor, pero luego tiene quién opere el agua como la Conagua y luego tiene a los agricultores. En Estados Unidos no hay autoridades nacionales, sino estatales y luego los agricultores. La relación entre las dos secciones es muy buena, pero en ambos lados las posiciones de los agricultores son las más preocupantes. En México porque (en Chihuahua) no quieren dar el agua que tienen ‘ahorrada’, un concepto muy extraño que no existe en nuestra Constitución, y tampoco en la Ley de Aguas Nacionales, y por otro lado los agricultores (en otros estados más cercanos al Golfo) a los que no les ha llegado el agua y tampoco están contentos con quienes “retienen” el agua, por lo que cuestionan la equidad del tratado.
El hecho al que se refiere Blanca Jiménez es que las Asociaciones de Usuarios del Distrito de Riego 025 en el Estado de Tamaulipas interpusieron el 26 de junio un juicio de amparo que les fue concedido el 9 julio en contra de la decisión de la Conagua de destinar 100 por ciento del agua proveniente del Río Conchos para entregar antes del 25 de octubre la deuda con Estados Unidos.
Esta estrategia de pago ha comenzado a cobrar factura a los agricultoresBlanca Jiménez / Titular Conagua
Los agricultores argumentan que en el artículo 4 del tratado se ha establecido que sólo se puede extraer una tercera parte de la corriente principal del Río Bravo para cumplir con el acuerdo. “Esta estrategia de pago determinada por la institución ha comenzado a cobrar factura a los agricultores del estado de Tamaulipas dejándolos sin suministros de agua para sus siembras”.
Blanca Jiménez admite que es injusto porque el agua del Río Conchos, que normalmente debe bajar para los otros usuarios, no está llegando y si además Chihuahua no pone lo que le falta para complementar 54 por ciento (el tratado establece que el Río Conchos debe aportar ese porcentaje del volumen que entrega México) implica que los otros estados den un porcentaje mayor.
“Cuando un estado dice yo no doy, ‘esta es mi agua”, concepto que no existe en la Ley de Aguas Nacionales, lo que está diciendo es que los otros estados pongan más y sí, es injusto”, afirma la directora de la Conagua.
—¿En esta negociación están sentados con algún representante de Chihuahua, los agricultores, el propio gobierno del estado? ¿Hay interlocución o de plano ya no hay diálogo con Chihuahua?
Tenemos interlocución con los agricultores, que son los afectados. Sí hay interlocución porque ellos están preocupados por el próximo ciclo agrícola (...) pero la concesión no es un título de propiedad, ni implica que uno pueda utilizar toda el agua de esta concesión, es un volumen de hasta cierta cantidad que varía en función de las condiciones climatológicas.
Al respecto, la funcionaria señala que hay confusión sobre la propiedad del agua, que corresponde a la Nación, pero “hay discursos que se venden muy fácil como que ‘el agua de Chihuahua es de Chihuahua’ y ni una gota para Tamaulipas o Nuevo León”. Hace falta educación para hacerle ver a la gente que el agua es un recursos que se debe compartir.
Explica que en los Consejos de Cuenca participan los gobiernos de los estados involucrados, los usuarios y la Federación, los cuales deben tener un reglamento sobre la distribución del líquido, pero para el caso de la Cuenca del Río Bravo, Chihuahua se paró de las mesas de negociación en 2019. De acuerdo con la funcionaria, el reglamento lleva 14 años de negociación y esa entidad se ha negado bajo el discurso de: “Todo lo que es del estado es del estado”.
—¿Ha viajado a Chihuahua recientemente?
Últimamente no, porque creo que fui declarada persona non grata.
—¿Qué ha pasado desde que un grupo tomó La Boquilla, este grupo la está operando, hay desabasto?
Seguimos suministrando agua para riego y no hubo ningún problema en que nuestros técnicos accedieran, de lo contrario ellos mismos iban a ser perjudicados y no iban a poder tener su agua de riego, entonces sí se pudo entrar y sí se pudo operar la presa en cuanto a suministro de agua para riego. El mantenimiento al resto de las instalaciones no se está dando.
