Los estados gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN) gozan de un Estado de Derecho más fuerte que aquellos donde gobiernan otras fuerzas políticas, aunque todos están por debajo de la mitad de la calificación idónea, revela la cuarta edición del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 que publica este martes el World Justice Project (WJP).
Guerrero, Morelos, Quintana Roo, Ciudad de México y Estado de México son las cinco entidades peor calificadas en el ranking estatal de la organización internacional, en tanto que Querétaro, Yucatán, Guanajuato, Aguascalientes y Sinaloa se ubican a la cabeza.
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Desde 2018, WJP desarrolló un índice que mide la prevalencia del Estado de Derecho en cada una de las 32 entidades federativas. Se compone de ocho factores o grandes temas: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
En su nueva edición, que mide lo que sucedió durante 2021, el índice muestra un estancamiento de los estados, incluso deterioro, en materia de Estado de Derecho.
En una escala de 0 a 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho, Querétaro obtuvo el puntaje más alto con 0.49.
Esta es la primera ocasión en que el estado encabeza el índice, por arriba de Yucatán, que había tenido el primer lugar en las tres ediciones anteriores.
Aunque el año pasado Querétaro tuvo cambio de gobernador –salió Francisco Domínguez y entró Mauricio Kuri–, ambos pertenecen al PAN.
De los ocho factores evaluados en el índice, este estado ubicado en la región centro del país obtuvo sus mejores puntajes en derechos fundamentales, límites al poder gubernamental y justicia penal.
Yucatán, entidad federativa gobernada por Mauricio Vila, está en el segundo lugar con una calificación de 0.47 y con buen desempeño especialmente en las categorías de orden y seguridad y derechos fundamentales.
En tercer y cuarto sitio se encuentran Guanajuato y Aguascalientes, gobernados por los panistas Diego Sinhue Rodríguez y Martín Orozco, mientras que en quinto lugar destaca Sinaloa, que en noviembre del año pasado cambió de administración y ahora lo gobierna el morenista Rubén Rocha. Las tres entidades alcanzaron puntajes de 0.46.
Eréndira González Portillo, coordinadora de análisis y recolección de datos del Índice de Estado de Derecho en México, señala que la posición de estos estados en el ranking no es algo nuevo.
“Desde 2018, que presentamos nuestra primera edición que tiene información recolectada en 2017, estas entidades ya estaban al menos dentro de los cinco primeros, seis primeros (lugares). Son entidades que de por sí ya tenemos registradas dentro de los punteros”.
Consideró que todos los estados tienen retos y fortalezas distintas, aunque haya ciertos parecidos regionales, económicos o políticos.
“Lo que sí podemos decir es que cada una de estas entidades punteras tienen fortalezas o han ido creciendo en algunos temas en particular. Por ejemplo, Querétaro, uno de los temas en que destaca es en justicia. Yucatán destaca bastante en el tema de seguridad. Guanajuato ha mejorado mucho en temas de gobierno abierto y así sucesivamente”, agregó la especialista.
González aclara que este índice no mide el desempeño del Ejecutivo federal ni a una persona en específico. Tampoco los resultados de alguna política pública en concreto. Se trata de una herramienta que sirve para identificar fortalezas y debilidades de orden estructural en los estados.
“Este índice en concreto lo que mide son gobiernos estatales. Más allá del Ejecutivo tiene indicadores de los tres poderes de Gobierno y de organismos autónomos”.
Se trata de un instrumento que ha servido de referencia a por lo menos 18 gobiernos estatales emanados de distintas fuerzas políticas para diseñar sus planes de desarrollo y políticas anticorrupción.
LOS PEOR EVALUADOS
En términos muy coloquiales, el Estado de Derecho asegura que todas las personas, instituciones, gobiernos y empresas en un determinado territorio se sujeten a reglas y principios de gobernanza que sean parejos para todos, y que cuando alguien no los cumpla tenga que rendir cuentas por ello y el afectado de esa acción pueda recibir justicia.
En el índice del WJP, Guerrero aparece en último lugar con una calificación global de 0.34, siendo la entidad con el Estado de Derecho más deteriorado.
La entidad se encuentra a la zaga en prácticamente los ocho temas del índice del WJP, obteniendo sus peores puntajes en justicia civil, justicia penal y ausencia de corrupción.
Arriba del estado gobernado por Evelyn Salgado está Morelos, gobernado desde octubre de 2018 por el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco en una alianza que involucró a Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el extinto Partido Encuentro Social (PES).
Con apenas una décima de diferencia respecto de Guerrero, el estado vecino se ubicó en la penúltima posición al obtener una nota de 0.35.
Su baja posición en el ranking se debe al mal desempeño del estado en temas como orden y seguridad, justicia penal y ausencia de corrupción (factor en el que ocupa el último lugar de las 32 entidades federativas).
El índice evalúa la situación de los estados durante 2021, por lo que no refleja los efectos de la fotografía publicada a principios de este año por El Sol de México, en la que se ve a mandatario morelense posando con tres líderes antagónicos del crimen organizado en esa región.
Quintana Roo se ubica en la antepenúltima posición con una calificación global de 0.36, especialmente por su baja evaluación en los factores de orden y seguridad, justicia penal y ausencia de corrupción.
Desde el año pasado, las alertas se encendieron en ese estado del sureste gobernado por el perredista Carlos Joaquín González debido al incremento de la violencia y la lucha entre organizaciones criminales por hacerse del control de las zonas turísticas, situación que se agravó este 2022.
La Ciudad de México es la cuarta entidad peor calificada también con 0.36, principalmente por su baja evaluación en las categorías de orden y seguridad, justicia penal, cumplimiento regulatorio, ausencia de corrupción y justicia civil. Su buen desempeño en gobierno abierto y derechos fundamentales no fue suficiente para que se pudiera ubicar en una mejor posición.
La jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, es una de las aspirantes de Morena a ocupar la candidatura presidencial de 2024.
Arriba del otrora Distrito Federal se encuentra su vecino Estado de México, gobernado por el priista Alfredo del Mazo. La entidad mexiquense también obtuvo un puntaje de 0.36 siendo los temas de orden y seguridad, justicia penal y ausencia de corrupción donde peor le fue.
GOBERNADORES SIN LÍMITES
Al hacer su evaluación de los ocho factores del Índice de Estado de Derecho en México, el World Justice Project alerta que los datos muestran un deterioro de los contrapesos a los ejecutivos estatales.
El componente de límites al poder gubernamental disminuyó en 17 entidades y permaneció sin cambios en nueve.
La caída se explica por el debilitamiento del poder legislativo local y del poder judicial para actuar como contrapesos eficaces al ejecutivo estatal y también por la contracción del espacio cívico, es decir, de la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa para actuar como contrapesos al poder público.
Sobre el papel de la prensa, Eréndira González señala que los periodistas aún tienen fuerza para poner límites a los gobiernos estatales, “sin embargo, lo que hemos notado y que nos ha preocupado es que, a pesar de ser el más fortalecido, ha ido decreciendo en su puntaje”.
Por otra parte, 14 estados cayeron en el componente de justicia penal y 10 permanecieron sin cambios. Dentro de esta categoría, los indicadores que reflejaron los mayores retrocesos fueron la garantía a los derechos de las víctimas, la adhesión al debido proceso y la imparcialidad, independencia y ausencia de corrupción en el sistema de justicia penal.
La efectividad de las investigaciones hechas por la policía y el Ministerio Público continúa siendo el mayor reto en materia de justicia penal, al ser el indicador con los puntajes más bajos de los seis que conforman esta categoría.
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En el componente de justicia civil retrocedieron 18 estados, aunque el WJP destaca que los mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC) son una opción para mejorar el acceso de justicia en el país.
“Hemos visto a lo largo de cuatro ediciones que los MASC han sido de las grandes fortalezas dentro del sistema de justicia civil”, dijo González.
En cuanto a ausencia de corrupción, este componente se redujo en 16 estados y se mantuvo sin cambios en 11. Los indicadores con más caídas fueron el de ausencia de corrupción en el poder judicial y los que miden la ausencia de corrupción en los sistemas de seguridad y procuración de justicia y la ausencia de corrupción entre las autoridades del poder ejecutivo estatal.
En cuanto al componente de orden y seguridad, el índice refleja ligeros avances en 19 estados. Destaca que el indicador de percepción de seguridad tuvo mejoras en 24 entidades federativas.
El Índice de Estado de Derecho en México retoma datos de tres fuentes distintas: encuesta a población general, encuestas a especialistas y fuentes oficiales, para generar información original sobre el Estado del Derecho y retratar la diversidad del país.
Si bien emplea un marco conceptual y metodológico semejante al utilizado por el WJP para medir la adhesión al Estado de Derecho alrededor del mundo, los resultados de ambos instrumentos no son comparables.
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