El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) retuvo este año 8.2 millones de pesos presupuestados para sueldos de los tres comisionados pendientes de designación por parte del Senado de la República.
La cantidad acumulada será utilizada por el Instituto para el pago de la renta de su edificio sede, ubicado sobre Avenida Insurgentes Sur 3211, alcaldía Coyoacán, aseguró el Inai, a cargo de Adrián Alcalá Méndez. De acuerdo con el propio órgano, el pago por el arrendamiento equivale a 6.2 millones de pesos anuales.
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El resto será destinado para un juicio laboral que lleva el órgano autónomo desde 2015; ambos pagos serán auditados y transparentados, aseguró el Instituto.
De acuerdo con el órgano autónomo, esta medida le ayudaría a enfrentar la reducción de 71 millones de pesos al presupuesto que solicitó a la Cámara de Diputados para 2024.
El Legislativo asignó a este ente un presupuesto de mil 97 millones de pesos para el próximo año.
El Inai está incompleto desde hace 269 días, incluso la falta de acuerdo entre los integrantes del Senado de la República para definir a los tres comisionados faltantes dejó al Instituto sin sesionar durante 140 días.
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El Instituto recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, a partir del 23 de agosto de 2023, pudiera sesionar con cuatro de sus siete integrantes y resolver más de ocho mil recursos de revisión acumulados.
De acuerdo con el Portal de Transparencia del Inai, los comisionados perciben un sueldo mensual bruto de 156 mil 85 pesos, más prestaciones; por lo que desde la salida de Óscar Guerra Ford y Rosendo Monterrey, en marzo de 2022, el órgano autónomo no ha ejercido el pago presupuestado para salarios de estas dos vacantes por 19 meses.
Contemplando también el sueldo de Francisco Javier Acuña, quien concluyó su mandato como comisionado el 31 de marzo de este año, ya que su reemplazo tampoco ha sido elegido por el Senado, el ente no ha usado el monto presupuestado de la remuneración correspondiente.
“En 2023, el Inai generó un ahorro en sus recursos financieros por un total de 8.2 millones de pesos, presupuestados para el pago de sueldos de comisionados pendientes de designación por parte del Senado de la República”, informó el Instituto a El Sol de México.
La falta de comisionados este año también impactó en la cantidad de resoluciones del pleno del Instituto; por ejemplo, en 2022 se atendieron 844 denuncias, de las cuales solo dos obtuvieron una sanción por parte de los Órganos Internos de Control; mientras que este año atendieron 75 denuncias que aún están en trámite.
“En el manejo de los recursos públicos, el Inai se ha conducido con estricto apego a las disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana, emitida por el Ejecutivo Federal, así como de las Leyes General y Federal de Transparencia, por lo que todos sus gastos están sujetos al escrutinio público”, destacó el órgano.
El Inai se ha convertido en un blanco para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 11 de enero anunció que al final de su mandato, en septiembre de 2024, enviará al Congreso una iniciativa para extinguir dicho instituto, así como el de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Reguladora de Energía (CRE) y la Nacional de Hidrocarburos (CNH), pues argumentó que son ostentosos y “no sirven para nada”.
Se repite la historia en el TEPJF
En un contexto muy similar también se encuentra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Desde octubre pasado concluyeron su periodo como magistrados de la Sala Superior Indalfer Infante Gonzáles y José Luis Vargas Valdez y sus vacantes tampoco se han cubierto, de acuerdo con información del Tribunal.
Los siete magistrados que componen la cúpula del Tribunal, encargado de resolver los conflictos en materia electoral, representan un gasto para el erario de dos millones de pesos mensuales, según la información de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Dichas vacantes han representado una falta de gasto por 588 mil pesos en el último mes, más los montos previstos para seguros de vida, gastos médicos mayores, gratificaciones por días festivos y apoyos en caso de fallecimiento, incluidos en el manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2023.
El Tribunal entró, desde hace una semana, en crisis de gobernabilidad, luego que tres de los cinco magistrados que conforman la Sala Superior solicitaran a Reyes Rodríguez Mondragón dejar la presidencia por supuesta falta de liderazgo y pérdida de confianza.
Hace una semana, el viernes 15 de diciembre, fue electa como presidenta del TEPJF la magistrada Mónica Aralí Soto, quien entrará en funciones hasta el 1 de enero de 2024.
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La crisis se produce cuando faltan menos de seis meses para que se lleven a cabo las elecciones en las que se disputarán más de 20 mil puestos en el país, incluida la Presidencia de la República, a la que aspiran la morenista Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruiz, por el Frente Amplio por México (FAM).
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