Un juez de la Ciudad de México concedió una suspensión a la organización civil Educación con Rumbo a fin de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) se abstenga de eliminar los grados escolares, como planteó en abril pasado.
“La orden del Poder Judicial de la Federación para que la SEP se abstenga de eliminar los grados escolares de educación básica y la facultad de evaluar a los alumnos se basó en la defensa del derecho humano a la educación de los niños y del interés superior de los menores”, aseguró el abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz, de la firma Cuatrecasas, luego de que se conoció el fallo del juez este viernes.
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Este fallo supone un freno a la intención de la SEP de eliminar los grados escolares en primarias y secundarias y sustituirlos por “fases educativas” que se agrupan en niveles conocidos como educación inicial, de los cero a tres años de edad; educación preescolar, de tres a seis años de edad; otra que abarca el primer y segundo año de primaria; otra del tercer al cuarto año de primaria; una más entre el quinto y sexto año; y los tres años de secundaria.
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También se planteó suprimir las evaluaciones individuales de alumnos, modificaciones que según la SEP tienen el objetivo de priorizar la planeación, seguimiento y evaluación del trabajo entre docentes, esto para realizar cambios o ajustes según lo avanzado por los estudiantes.
El Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en la Ciudad de México emitió la resolución a un amparo presentado por Educación con Rumbo para solicitar que las autoridades educativas garanticen el derecho humano de los niños a la educación, esto, luego de que expertos en la materia y padres de familia calificaron la propuesta de la dependencia a cargo de Delfina Gómez como una “ocurrencia”.
“La decisión del Poder Judicial es un precedente relevante donde se consideró́ que la educación por grados garantiza una educación de calidad a fin de que los docentes puedan especializarse y lograr transmitir los conocimientos a los alumnos, mientras que la evaluación a los alumnos como diagnostico individual y global tiene por objetivo lograr la mejora continua de los alumnos y del servicio de educación pública”, agregó Miguel Ángel Ortiz.
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Por su parte, Paulina Amozurrutia, Coordinadora Nacional de Educación con Rumbo, consideró que el que el juez haya otorgado el amparo a la organización alienta a la sociedad civil organizada, a los especialistas y maestros a “trabajar de manera corresponsable en materia de educación donde los actores entendamos que el centro de gravedad de todas las decisiones públicas es el mejor interés de los niños y niñas del país”.
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