Un estudio elaborado por la organización Causa en Común detectó que más del 80 por ciento del personal de la Guardia Nacional (GN) pertenece oficialmente al Ejército mexicano, lo que es contrario a la ley que indica que este cuerpo de seguridad pública debe ser de carácter civil.
De acuerdo con el estudio Guardia Nacional: 3 años de definición militarista, en agosto de 2019 la GN informó tener 59 mil 191 elementos en activo, mientras que para abril de 2022 esta cifra subió a 104 mil 496 elementos.
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“Un crecimiento de esta manera solo se explica porque la gran mayoría de ellos son militares”, señaló María Elena Morera, presidenta de la organización, quien explicó que el aumento de activos en la GN se dio debido a “un esquema rarísimo que dice transferencia a la Guardia Nacional, o sea que ni siquiera están comisionados”.
Otro tema que toca el informe es sobre el despliegue de la Guardia Nacional que, aunque la ley señala que este cuerpo policial debió ser transferido tomando en cuenta la incidencia delictiva de los estados, la cantidad de habitantes o la geografía de la entidad, los datos no corresponden a esta lógica.
“Por ejemplo, el número de víctimas de homicidio doloso registradas en la entidad de Guanajuato que se ha mantenido a la cabeza de los homicidios en este sexenio no vemos que ahí haya más Guardia Nacional. Ellos tienen (seis mil 613 elementos asignados), la mitad de la Guardia Nacional que tiene asignada la Ciudad de México que tiene (13 mil 112 elementos) el mayor número de policías”, señaló.
Caso similar ocurre en entidades como Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos y Zacatecas, cuyos índices de violencia son mayores que la capital del país, pero que tienen menos de la mitad de elementos en activo.
Otros de los temas que menciona el informe es respecto al Certificado Único Policial, que consta de cuatro exámenes, y que solo han sido aprobados por el 29 por ciento del personal de la Guardia Nacional. También el hecho que desde su creación la Guardia haya recibido dos mil 169 quejas por violaciones a derechos humanos, de las cuales la GN solo ha atendido dos recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“¿Cuáles son los efectos y riesgos? Bueno, pues que se incrementa la posibilidad de una mayor violación a los derechos humanos cuando las fuerzas armadas están en calle y esto se ha demostrado durante los últimos tres sexenios”, sentenció Morera al recordar por ley las Fuerzas Armadas deberían regresar a sus cuarteles a más tardar en marzo de 2024.
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