En lo que va del año, más de un centenar de niños de madres migrantes en su trayecto hacia Estados Unidos nacieron en México, según registros oficiales. El número podría duplicarse ya que cada vez son más las mujeres que recurren a las llamadas parteras para dar a luz ante el miedo de ser deportadas al asistir a un hospital y no registran a sus hijos hasta que logran cruzar la frontera norte.
De acuerdo con cifras consultadas en bases de datos de registros civiles de Ciudad Juárez, Tijuana, Piedras Negras, Tapachula y Tenosique, de enero a octubre pasado fueron registrados como mexicanos por nacimiento un total de 148 bebés de madres migrantes, principalmente procedentes de Centroamérica. La cifra es cuatro veces mayor a la del mismo periodo de 2020, cuando la pandemia de Covid-19 obligó al cierre de fronteras y con ello a una caída de la migración indocumentada.
➡️ Hay 30 mil niños en espera de adopción
De acuerdo con el artículo 30 de la Constitución, son mexicanos por nacimiento los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.
La decisión del presidente estadounidense, Joe Biden, de prohibir que las migrantes embarazadas o que hayan dado a luz recientemente sean llevadas a centros de detención migratorios, alentó el éxodo de mujeres encintas hacia la Unión Americana, considera María Hernández, trabajadora social de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción A.C (DHIA). Aunque el decreto no las exime de ser deportadas.
Aurora, de origen hondureño, dio a luz a Alfredo el mismo día que fue deportada por la Patrulla Fronteriza a Ciudad Juárez, Chihuahua. Narra a El Sol de México que creyó tener a su bebé en pleno Río Bravo pues cruzó ya con contracciones.
“Creí tenerlo en el río, tenía dolores; y apenas cruzamos, la Patrulla Fronteriza nos detuvo. Dos horas después ya estábamos de regreso en Ciudad Juárez y seis horas más tarde tuve a mi niño en el refugio, atendida por una partera, pues acudimos a un hospital, pero por falta de documentos no me atendieron”, señaló.
Aurora decidió migrar de su natal Tegucigalpa, Honduras, con casi ocho meses de gestación con la idea de que su hijo naciera en Estados Unidos y con ello poder quedarse en ese país. Sin embargo y pese a su embarazo, fue deportada junto con su pareja y ahora espera que el menor tenga al menos un mes de nacido para regresar a su país.
María Hernández asegura que semanas después del anuncio de Biden, 30 mujeres embarazadas buscaron la asistencia de DHIA, cuya sede se encuentra en Ciudad Juárez, en menos de 15 días, una cifra nunca antes registrada.
“Para ellas, lo primordial es que sus hijos nazcan en Estados Unidos, porque eso les permitirá quedarse allá, aunque muchas de ellas no logran cruzar por el propio embarazo y tienen a sus hijos aquí”, afirmó Fernanda Ortega, promotora de salud de DHIA.
En México, a las migrantes que tienen a sus hijos y consiguen registrarlos para obtener un acta de nacimiento, se les otorga una tarjeta de residentes por vínculo familiar. Sin embargo, sólo una minoría se establece en el país porque prefieren seguir el camino hacia Estados Unidos. A los padres, si viajan con la mujer embarazada, también se les otorga dicha tarjeta.
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la mayoría de las mujeres migrantes que transitan por México están en edad reproductiva y son altamente vulnerables a violencia sexual en sus distintas formas.
La OIM explica que, en su trayecto hacia Estados Unidos, pueden estar embarazadas o quedar embarazadas, lo que tiene muchas implicaciones para ellas pues en muchos casos se trata de embarazos no deseados a consecuencia de violencia ya sea de la pareja o de los miembros del crimen organizado, incluidos los llamados coyotes.
“Hemos tenido casos en los que las mujeres no tienen como pagar y su cuerpo se convierte en un tipo de moneda para poder continuar el viaje, lo que las hace muy vulnerables a quedar embarazadas”, afirma por su parte Yolice Quero, coordinadora de la Unidad de Protección de la OIM en México.
Añade que, en la mayoría de los casos, las mujeres que migran tienen difícil el tema de la prevención de embarazos durante su trayecto. “En Tijuana, por ejemplo, vimos un incremento en el uso de parteras en contexto urbanos; mientras que en Tapachula, las mujeres embarazadas que solicitaban un diagnóstico de embarazo en riesgo para poder acceder a controles prenatales adecuados durante la pandemia, tenían dificultades para obtenerlo en algunos casos”.
Según estimaciones de organizaciones de apoyo a migrantes, 80 mujeres embarazadas viajan en la caravana que desde hace dos semanas partió de Tapachula con destino a la Ciudad de México para regularizar su situación migratoria. La caravana está conformada por entre cuatro y seis mil extranjeros en su mayoría de Haití, El Salvador, Honduras y Guatemala, incluidos unos mil 200 menores de edad.
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