El doctor Carlos Ornelas Navarro, profesor-investigador de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), advirtió que con la reducción de mil 713.8 millones de pesos al presupuesto 2019 para las universidades, los proyectos de investigación, publicaciones científicas y actividades de difusión serán suspendidas o se verán comprometidas en dicha institución de educación superior.
Así como también el proceso de reconstrucción de edificios de la Unidad Iztapalapa dañados por el sismo de septiembre de 2017 y el ejercicio de la docencia, puesto que las revisiones contractuales están próximas y “hay mucha incertidumbre porque no sabemos si habrá aumento, además de que existe riesgo de huelgas y los profesores se sentirán castigados y desanimados”, señaló el académico.
En entrevista, el académico del Departamento de Educación y Comunicación recordó que Andrés Manuel López Obrador fue el único de los candidatos presidenciales que no acudió a la reunión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), donde se presentaron los puntos más relevantes sobre ciencia y tecnología.
"Esto lo trató de reivindicar en una reunión que sostuvo el 15 de agosto, siendo ya presidente electo”, en la que se comprometió a aplicar un incremento al subsidio de las universidades públicas, el cual “sería igual a la inflación, pero el presupuesto recientemente anunciado no resultó como señaló, por lo que rectores de varias instituciones de educación superior hablan de engaño y lo han hecho saber a partir de desplegados.
“En lugar de incrementar la capacidad instalada donde hay profesores y experiencia se están dirigiendo los esfuerzos a una nueva aventura, dando paso a varias especulaciones como la construcción de una nueva clientela electoral”, mencionó.
Conacyt e instituciones científicas también se quejan
Las reducciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en particular la de 12.6 por ciento al Ramo 38, sitúan al presupuesto de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en un nivel 40 por ciento menor al del 2015, con lo que se retrocede 8 años de inversión. En ese sentido, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y las academias: Mexicana de Ciencias (AMC), de Ingeniería (AI) y Nacional de Medicina (ANMM), así como la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT), más la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) así se pronunciaron por la propuesta de recorte de 6.5 por ciento al Programa nacional a Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), incluido en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019.
Exhortaron a la Cámara de Diputados para que, en el “ejercicio de sus atribuciones, incremente los recursos correspondientes al Programa Nacional de CTI del próximo año, al igual que los destinados al Conacyt, manteniendo al menos los montos que les fueron asignados en 2018”.
Asimismo, el recorte para el Conacyt “incluye una reducción del 4 por ciento al Programa de Becas de Posgrado, la desaparición de fondos en infraestructura científica y tecnológica, la reducción de recursos a las entidades federativas para actividades en el sector, así como un recorte a 38 instituciones científicas nacionales”.
Las seis instituciones del sector científico apuntaron que la propuesta presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público —entregada el pasado 15 de diciembre por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados— “es contraria al compromiso que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo con la comunidad científica el pasado 22 de agosto en el Palacio de Minería, donde garantizó que el presupuesto para este sector no se reduciría y, en su caso, se procuraría aumentarlo en términos reales”.
De igual manera, “incumple con el mandato establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología referente a la inversión anual en este sector, la cual debe ser de al menos el 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)”.
En su desplegado, las instituciones manifestaron también su preocupación por la iniciativa de Reforma Educativa, enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión el pasado 12 de diciembre, en la que se propone modificar la fracción V del artículo 3 Constitucional, cambiando la obligación del Estado de “apoyar la investigación científica” por “incentivar”, lo cual, en opinión de las comunidades científicas así expresadas, representa un retroceso sobre el papel que tiene el Estado Mexicano en el apoyo a este sector estratégico.
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