La Iglesia católica y grupos provida intensificaron durante el fin de semana el cabildeo, desde la Presidencia de la República hasta la Suprema Corte, para intentar frenar el proyecto de sentencia en el que un ministro propone la despenalización del aborto en Veracruz.
Fuentes de la Conferencia del Episcopado Mexicano revelaron que durante su reunión de la semana pasada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el representante del papa Francisco en nuestro país, Franco Coppola, le externó su preocupación por la repercusión que tendría en todo el país el aval a la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara para eliminar las sanciones a la interrupción del embarazo.
A los cinco ministros de la Primera Sala, quienes debido a la emergencia sanitaria por la pandemia trabajan desde casa, les han llegado cartas y documentos de agrupaciones provida, mediante los cuales se les busca convencer sobre la inviabilidad de la despenalización del aborto en ese estado de la República.
Señalan que con el proyecto de sentencia lo que se está propiciando es quebrar la columna vertebral de la República y no sólo afectar el derecho fundamental sin el cual no se pueden disfrutar ni discutir si quiera los demás derechos, que es el derecho a la vida y a la existencia misma.
Hoy, la Corte tiene programada la discusión del proyecto del ministro González Alcántara sobre la despenalzación del aborto en Veracruz, que propone que “la prohibición total de la interrupción del embarazo es una barrera que genera discriminación en contra de las mujeres”.
En el proyecto señala que las decisiones de la mujer durante el periodo de las primeras 12 semanas del embarazo, previos al periodo fetal, son parte de su esfera privada que no está sujeta a la potestad sancionadora del Estado. Por lo tanto, no es acorde con las obligaciones convencionales aparejar una sanción penal por la interrupción del embarazo.
"Sancionar el aborto con una 'medida educativa' o 'de salud', por subyacerles un reproche penal, también son formas de infantilizar a la mujer, puesto que ponen en tela de juicio su capacidad decisoria y prejuzgan que la decisión que tomó en relación con su cuerpo no es adecuada, razonamiento que es estereotípico.
"Además, también atenta contra su libre desarrollo de la personalidad y su derecho a la vida privada: si lo que se procura con este tipo de medidas es la 'orientación social', entonces se debe entender que la norma local busca prescribir el aprendizaje de un modelo específico dirigido a las mujeres que interrumpan su embarazo", expone el proyecto que seráá discutido hoy.
Desde el otro frente, agrupaciones que impulsan la despenalización del aborto a nivel nacional han externado sus argumentos de respaldo a la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y han enviado documentos amicus curiae señalando los beneficios para que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo lo hagan legalmente y sin temor a ser criminalizadas.
El proyecto que es público desde hace algunos días revivió el debate entre si es correcto o no despenalizar el aborto.
“El texto presentado por el ministro González Alcántara Carrancá está plagado de contradicciones y mentiras con el único propósito de que el crimen más artero que puede haber cometido en contra de las personas más inocentes en su etapa más vulnerable, es decir, el ser humano en gestación se convierta ya no en un tipo penal sino en un derecho” señaló Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia.
Del otro lado, asociaciones civiles como Católicas por el Derecho a Decidir; Justicia, Derechos Humanos y Género; y Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos se posicionaron porque la Corte avale el proyecto del ministro González Alcántara.
“Una resolución favorable al proyecto que discutirá la Suprema Corte permitiría garantizar la salud reproductiva de las mujeres bajo los estándares más altos en materia de derechos humanos, es decir, que lasmujeres tengan acceso al aborto legal y seguro”, se pronunciaron las asociaciones civiles.
El tema también llegó a la esfera partidista. El Partido Acción Nacional se pronunció en contra del aborto y llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que no se extralimite en sus facultades para modificar las decisiones del Congreso de Veracruz en materia de interrupción del embarazo.
A través de un comunicado, el PAN reiteró que es un organismo político “comprometido con una vida digna” para todas las mujeres, incluyendo aquellas para llevar “a buen término su embarazo”, y en ningún caso criminalizar a la mujer. Pidió a la SCJN que, “no se extralimite en sus atribuciones y respete la autonomía legislativa de cada entidad federativa”, muchas de las cuales dijo, han decidido garantizar el primer derecho del que puede disfrutar el ser humano: la vida.
Con información de Rafael Ramírez | El Sol de México
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