MADRID, España.- El ejecutivo español dio un paso más hacia una suspensión del autogobierno de Cataluña, en una crisis que amenaza la estabilidad del país y tiene a Europa preocupada.
Ayer vencía el plazo definitivo para que el presidente catalán, el separatista Carles Puigdemont, aclarara si había proclamado la independencia en una confusa sesión celebrada en el Parlamento catalán.
Sin responder directamente, Puigdemont afirmó que "si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continúa la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10".
En una decisión sin precedentes desde el regreso de España a la democracia a fines de los años 70, el presidente Mariano Rajoy dijo que celebrará mañana una sesión extraordinaria del consejo de ministros para iniciar los trámites que llevarían a una intervención prevista en la Constitución.
El gobierno busca aplicar "el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña", señaló un comunicado, en referencia al artículo que permite ejercer las competencias de una autonomía en caso de que ésta incumpla la ley.
El enfrentamiento elevó la incertidumbre sobre una crisis política que dura ya un mes y que hace temer a un aumento de los conflictos sociales. La cuarta mayor economía de la zona euro ya rebajó sus previsiones de crecimiento y la tensión agitó al euro.
Previsiblemente, una eventual intervención generará fuertes movilizaciones, mientras la incertidumbre sigue impactando en la economía: más de 900 empresas sacaron su sede social de Cataluña y el gobierno central rebajó su previsión de crecimiento para 2018 al 2.3%.
GANAR TIEMPO, EL OBJETIVO
El artículo 155 requiere una adopción en el Consejo de Ministros y la subsiguiente aprobación del Senado, que podría reunirse en los últimos días de octubre.
El trámite prolongado "permite que los actores tengan más margen de maniobra para una eventual negociación", dijo a AFPTV el politólo go Pablo Simón, mientras el gobierno central gana tiempo para "ver si se resquebraja la unidad dentro del bloque independentista y finalmente van a elecciones" regionales.
El 155, nunca usado a fondo en España, podría dar lugar a que el gobierno central asuma la dirección y gestión de Cataluña, la destitución de dirigentes y la toma de control por ejemplo de su policía, los "Mossos d'Esquadra".
Los independentistas catalanes alegan que están legitimados para proclamar la secesión por el referéndum del 1 de octubre, declarado inconstitucional, en el que el sí ganó con 90% de los votos pero con una baja participación (43%), según cifras del Ejecutivo catalán. En las calles de Barcelona, las personas mostraban hartazgo ante la prolongada crisis que ha causado una profunda división en la sociedad.
En su carta a Rajoy, Puigdemont lamentó que el gobierno no sea "consciente del problema" y "que no se quiere hablar".
El Ejecutivo catalán busca "deliberada y sistemáticamente, el enfrentamiento institucional", respondió el gobierno de Rajoy, que ha negado la posibilidad de un diálogo mientras Puigdemont no vuelva a la legalidad.
El clima era tenso desde que el lunes fueran encarcelados a la espera de un eventual juicio por sedición dos líderes independentistas, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, una decisión judicial que fue contestada con movilizaciones en toda Cataluña.
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