Asociaciones internacionales de prensa como World Editors Forum se han unido a la condena internacional por el arresto de la periodista filipina Maria Ressa, directora del portal Rappler y una de las personalidades del año 2018 por la revista Time, quien es acusada de "difamación cibernética", un delito por el que podría pasar 12 años de prisión a raíz de un artículo publicado en 2012 sobre el empresario Wilfredo Keng.
Ressa estaba en su despacho de Rappler, un portal que ha sido muy crítico con la gestión del presidente filipino Rodrigo Duterte, cuando agentes de la Oficina Nacional de Investigación irrumpieron para entregarle en mano la orden de arresto, informó el equipo de redacción del medio a través de redes sociales.
La periodista se entregó voluntariamente a las autoridades, pasó la noche en los calabozos y previsiblemente saldrá este jueves tras depositar una fianza.
El Departamento de Justicia presentó cargos de "difamación cibernética" contra Rappler, Ressa -en calidad de directora del medio y presidenta de la corporación Rappler Incorporated- y el periodista de investigación Reynaldo Santos por una historia publicada en mayo de 2012.
Tres fiscales del Departamento de Justicia fallaron el mes pasado a favor del empresario Wilfredo Keng, quien en octubre de 2017 presentó una denuncia por el reportaje de investigación de Rappler en el que se le vinculaba con el tráfico de drogas y de personas.
Keng presentó su queja cinco años después de la publicación del reportaje ante la División de Delitos Cibernéticos de la Oficina Nacional de Investigación, que desestimó el caso en febrero de 2018 por falta de base y porque ya había pasado el plazo de un año para interponer una denuncia por difamación.
Sin embargo, el Departamento de Justicia reabrió el caso una semana después, en marzo de 2018, basándose en la teoría de la "publicación continua", ya que el reportaje seguía en la red.
"No estamos intimidados. Ningún caso legal, propaganda ni mentiras pueden silenciar a los periodistas filipinos que mantienen la línea. Estas acrobacias legales muestra hasta dónde llega el gobierno para silenciar a la prensa, incluida la mezquindad de obligarme a pasar la noche en la cárcel", declaró Ressa en un comunicado.
Este no es el único proceso judicial al que se enfrenta Ressa en estos momentos, ya que el pasado noviembre también se emitió una orden de detención por cinco supuestos delitos de evasión de impuestos, de los que se acusaba tanto a Rappler como a ella a título personal.
En ese momento, Ressa evitó la cárcel con el pago una fianza y el caso está pendiente de juicio.
La periodista siempre ha asegurado que sus compromisos con el fisco están en regla y que todos estos cargos contra ella y el medio que dirige son una persecución política de la administración de Duterte por sus artículos críticos con su gestión.
El mandatario no ha ocultado su animadversión hacia Rappler, al que ha acusado de estar financiado por la CIA estadounidense y llegó a prohibir en febrero de 2018 el acceso al palacio presidencial a los periodistas de ese medio.
Su arresto fue condenado por la Unión Nacional de Periodistas de Filipinas, que denunció un acto de "persecución" por parte del gobierno que "demuestra que puede ir muy lejos para forzar el silencio de los medios críticos".
Igualmente, Butch Olano, director en Filipinas de Amnistía Internacional (AI), denunció que la detención "tiene una motivación política descarada y es consistente con las amenazas de las autoridades y los ataques repetidos contra Ressa y su equipo. Las autoridades deben poner fin a este hostigamiento, retirar los cargos y derogar esta ley represiva".
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