BUENOS AIRES. El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó la creación de la “tasa Kicillof” para comenzar a pagar la deuda de 16 mil millones de dólares que tiene el Estado con el fondo Burford Capital por el juicio que perdió el pasado septiembre en una corte de Nueva York, por la nacionalización de la petrolera YPF en 2012.
El nuevo mandatario argentino ha reconocido que no hay dinero en el país para cubrir el pago de la deuda, sin embargo creará un impuesto para que los argentinos puedan pagarlo a través de un bono perpetuo con abonos anuales en dólares.
Para Milei, esta es la única forma de hacer frente al “error monstruoso” de Axel Kicillof, en la época en la que fue ministro de Economía y Finanzas Públicas de Argentina bajo las órdenes de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por esta razón bautizó el impuesto como la “tasa Kicillof”.
El gobierno ha logrado postergar por varias semanas el pago tras la sentencia de la jueza federal estadounidense Loretta Preska, pero el tribunal estadounidense negó a las autoridades argentinas el otorgamiento de la prórroga para depositar una garantía por los 16 mil millones de dólares, así como para presentar los documentos de apelación.
La corte federal de Nueva York estableció además que Argentina debe cumplir con las fechas previstas del 10 de enero para presentar la garantía y del 30 de enero para apelar la sentencia.
En caso de que no se proceda al pago antes del 10 de enero, Burford tiene derecho a solicitar la incautación de activos argentinos.
A tenor de esta situación, Milei anunció la creación del impuesto con el nombre del hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien fue el promotor de la expropiacion de YPF.
“Hay un problema, porque la plata no la tenemos. No tenemos 16 mil millones de dólares para pagar. Sí tenemos el 'willing to pay', la voluntad de pagar”, admitió anteriormente el jefe del Estado argentino.
YPF, DEL ESTADO
La petrolera YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), una de las principales empresas del país, tiene el estatus de sociedad anónima y en la que el Estado argentino y las provincias productoras de hidrocarburos poseen el 51 por ciento de las acciones. El 49 por ciento restante cotiza en la Bolsa de Buenos Aires.
YPF fue adquirida en 2012 por el Estado durante en una polémica operación que acabo en los tribunales de EU, donde Argentina fue condenado a pagar 16 mil millones de dólares, aunque el gobierno exigía solo una indemnización de cinco mil millones de dólares
Argentina compró el 51 por ciento de las acciones de YPF a la española Repsol sin hacer una oferta pública de adquisición al resto de los accionistas, que aseguraron haber sido perjudicados.
El fondo buitre Burford Capital, dueño de los activos del Grupo Petersen, consideró que Argentina debía pagarle la indemnización.
El juicio por la estatización de YPF comenzó en 2015 tras la quiebra del Grupo Petersen, que había ingresado a la propiedad de YPF. Burford Capital, un fondo especializado en este tipo de litigios, compró en España las quiebras de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, las dos compañías creadas por los dueños del holding para poder presentar la demanda en EU.
ARRANCA EL DNU
El plan de choque neoliberal conocido como Decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Milei entró en vigor desde el primer minuto de ayer, en base al Código Civil y Comercial argentino.
El DNU incluye 300 leyes que serán eliminadas o modificadas, con el que pretende desregular la economía y que incluye la declaración del estado de emergencia pública y económica hasta el 31 de diciembre de 2025, variaciones en el mercado laboral y en los planes de salud, la derogación de la ley de alquileres y la privatización de empresas públicas y habilitar las sociedades anónimas deportivas.
Promulgado el jueves 21 de diciembre, el DNU no especifica su fecha de entrada en vigor, si bien el artículo 5 del Código Civil y Comercial estipula que comenzará a regir automáticamente ocho días después de su publicación en el Boletín Oficial. Ahora deberá ser avalado por ambas cámaras del Congreso.
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Finalmente el gobierno formalizó ayer su renuncia a integrar el grupo de los BRICS mediante cartas dirigidas a los países del bloque, debido a que “no se considera oportuna la incorporación de la República Argentina al BRICS como miembro pleno a partir del 1 de enero de 2024”.
La incorporación al grupo de países de los BRICS, que integran China, Rusia, India, Sudáfrica y Brasil, había sido decidida por el exmandatario Alberto Fernández.
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