El 2021 ha sido un año con dificultades para defensores de derechos humanos y para quien encabeza la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), Raúl Hernández Cruz. Desde el primer mes del año inició con turbulencias la relación entre el Ejecutivo estatal y Hernández Cruz, quien denunció en conferencia de prensa que llevaba más de 12 meses siendo objeto de amenazas por parte de tres funcionarios, siendo el principal, el secretario de Gobierno Pablo Ojeda.
Entonces presentó una denuncia penal contra Ojeda, pero también contra Eduardo Kenji Uchida y el subsecretario Mauricio Robles, por hostigarlo y amenazarlo para que renuncie a la titularidad del organismo.
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El ombudsperson aseguró que la molestia del Ejecutivo morelense fue la recomendación por las declaraciones del obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, por impugnar el presupuesto de Egresos que invalidó la SCJN, entre otras.
Tras sus declaraciones, Ojeda Cárdenas afirmó que se envió un exhorto a Hernández Cruz para que propusiera a un nuevo notario en la demarcación que estaba a su cargo, al solicitar licencia por ser ombudsman e incluso se le pidió que propusiera a un responsable para suplirlo. Pero el presidente de la CDHM aseguró que el funcionario estatal mentía.
En febrero, durante más de una hora funcionarios del Gobierno estatal impidieron el ingreso de visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la CDHM, al CEDIF Temixco para realizar una supervisión derivada de la investigación de posibles actos de tortura en perjuicio de adolescentes albergados; se encontró que 13 menores fueron remitidos al centro de adicciones SIANI.
En mayo se avivaron las diferencias cuando Hernández Cruz dio a conocer que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo instruyó a la Secretaría de la Contraloría para que lo inhabiliten por seis años y lo destituyan del servicio público.
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En esta ocasión atribuyó el embate a las investigaciones que iniciaron en torno a los actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes presuntamente cometidos contra menores que el Poder Ejecutivo tiene bajo su custodia a través del Sistema DIF Morelos; además de una serie de investigaciones que han incomodado sobre la grave situación de los penales, así como por omitir el pago de la reparación integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos y diversas resoluciones que la SCJN ha resuelto a favor del organismo defensor de derechos humanos.
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