A vinculación cuatro exfuncionarios por adjudicación directa de obras

La Fiscalía Anticorrupción vinculó a proceso de investigación a tres exfuncionarios de la Secretaría de Obras del gobierno de Morelos por el delito de ejercicio indebido del servicio público al haber adjudicado de manera directa la obra SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-082/2015 a la empresa Asfaltos PRISMA S.A. de C.V

De acuerdo con las investigaciones del caso, fue el 30 de diciembre del 2015 cuando Sergio "N", exsubsecretario de Evaluación y Seguimiento de Obra; Alejandra "N", exdirectora general de Licitaciones y Contratación de Obra Pública, así como José "N", exdirector general de Caminos y Puentes, aprobaron la licitación.

Esta constó en la modernización del circuito del Lago de Tequesquitengo que comprendió cuatro kilómetros de longitud con un costo de 42 millones 591 mil 188 pesos, en la que también se vio involucrada la secretaria de Obras Públicas, Patricia "N".

Dada la situación, el viernes 15 de octubre en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, estos tres exfuncionarios del sexenio anterior, al igual que la exsecretaria de Obras Públicas, fueron imputados por avalar una obra de adjudicación directa para la "Modernización del Circuito del Lago de Tequesquitengo del 0+000 al 2+000 modernización del circuito del Lago de Tequesquitengo del 2+000 al 4+000".

“Presuntamente no acataron lo establecido en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas vigente en 2015, la cual establecía que el tope máximo por adjudicación directa era de un millón 278 mil pesos”, detalló la Fiscalía Anticorrupción.

Durante la audiencia realizada el pasado viernes, en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, el Ministerio Público presentó 25 datos de prueba en su contra como parte de la formulación de imputaciones, pero en la misma presentación Sergio "N", Alejandra "N" y José "N" pidieron que se resolviera su situación jurídica.

Entonces, el juez de la causa decidió vincularlos a proceso y fijó como plazo tres meses para el cierre de investigaciones, aunque estos exservidores públicos podrán enfrentar su juicio en libertad debido a que el ejercicio indebido de funciones no es considerado como un delito grave.