Luego de que se difundiera que la persona detenida por el homicidio cometido contra el activista Samir Flores Soberanes se encontraba en prisión al momento de ser puesto a disposición de las autoridades ministeriales, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT) cuestionó la veracidad del proceso emprendido por la Fiscalía General del Estado (FGE) y su titular, Uriel Carmona Gándara, para ofrecer resultados.
Tras el anuncio del fiscal estatal de la detención de uno de los tres probables responsables del homicidio del activista, opositor contra el Proyecto Integral Morelos (PIM) y ocurrido el 20 de febrero de 2019, cercanos a Flores Soberanes y hoy el movimiento del que formaba parte al momento de morir, descalifican el proceso realizado por el fiscal, toda vez que Javier “N” se habría encontrado en la cárcel al momento de ser detenido y desde dos años atrás.
“Los cuestionamientos se vuelven claros y graves omisiones del fiscal de Morelos que ha obstruido la procuración de justicia en el caso de Samir, al señalar que lo detuvieron en el municipio de Cuautla, poniéndolo a disposición de la autoridad judicial, cuando Javier ‘N’ ya se encontraba detenido desde hace más de un año y a disposición de la autoridad judicial”, difundió la organización.
Horas después de que el fiscal Carmona anunciara dicha detención, pero también la búsqueda de los otros dos posibles implicados, Jorge Velázquez Escalvazeta, poblador de Amilcingo y una de las personas más cercanas a la familia del activista, también cuestionó el anuncio y afirmó que los padres de Samir pensaban lo mismo.
“Como si lo hubieran apenas capturado, anunciando su detención con bombo y platillo, cuando ya lo tenía a su disposición desde hace dos años, sacándolo justo un día antes del anuncio del presidente López Obrador de que echara a andar la termoeléctrica de Huexca en próximos días y en el contexto de la Gira por la vida en Europa, impulsada por el EZLN, CNI y el Frente de Pueblos para denunciar la imposición de los megaproyectos y el asesinato a defensores”, recriminó el FPDTA-MPT.