Esta semana servidores públicos serán llamados a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción por las denuncias en la Comisión de Víctimas.
Son cuatro familias, al menos, las que dijeron haber sido extorsionadas para entregar hasta el 50 por ciento del recurso que recibieron como reparación del daño.
Penélope Picazo Hernández, titular de la Comisión, dijo que no protegerá a nadie, aún si se tratasen de servidores públicos en activo.
“Son cuatro denuncias las que están de corrupción por parte de servidores públicos contra quien resulte responsable, dando los elementos y lo que digan las víctimas, es la fiscalía quien determinará la responsabilidad de identificar al servidor porque lo señalan, lo describen y son ellos pero yo creo que si se da resultados de estos casos habrá más víctimas que se animen a denunciar”.
Uno de los modus operandi de algunos casos es que el servidor público les pedía hasta el 50 por ciento de lo que recibieron, o les mentían sobre un cambio en el monto.
"Les decían 'si tú reparación integral del daño es de 300 mil, pero yo te voy a ayudar para que salga en 800 mil pesos, pero de ahi 300 para ti y 500 para mi', tipo así”, dijo Picazo, sobre los relatos de los afectados.
Las víctimas pueden llegar a solicitar ayuda directamente, ya que no se requiere que algún colectivo, abogado o que un tercero las acompañe para que sean beneficiadas con el fideicomiso de reparación de daño.
"Hubo quien si los llegó a pagar, a veces lo quieren disfrazar con un servicio de abogado, pero las víctimas no necesitan de un abogado”.
Los casos fueron en 2017, en 2018 y el último en 2020.
Otro delito que la propia comisión denunció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado es de un fraude cibernético de 750 mil pesos por medio de una cuenta falsa.
12 mil víctimas colaterales en espera
La comisionada dijo que son 3 mil 500 expedientes que están a la espera de una reparación del daño, sin embargo, la cifra sube a 12 mil considerando que por cada víctima son alrededor de tres o cuatro más entre hijos y padres; este miércoles se aprobaron 40 medidas de asistencia, y cuatro reparaciones integrales, tres por delito y una por recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos.
“De las medidas que se han aprobado en años anteriores que eran 100 medidas, otras 200, ahorita nosotros llevamos 450 medidas, y 20 reparaciones de daño, cuando se hacía una o dos por año. Todas las medidas son económicas, la mayoría son de gastos funerarios, otras alimentación para niños y niños que se quedaron sin su padre o su madre”.
La derrama económica es de 18 millones de pesos desde su llegada; destacó que eran 2 mil 800 expedientes rezagos de manera histórica desde del año 2016, más mil 200 que se han registrado.
En total son 40 expedientes derivados de feminicidio, como es el caso de los hijos de Margarita Ceceña, a quienes se ha brindado el apoyo, cifra que cada vez aumenta debido a que anteriormente los asesinatos de mujeres no eran considerados como feminicidios.
“Para los gastos funerarios no es necesario que se vincule con la carpeta de investigación. Hay un rezago muy grande, pero lo estábamos abriendo con medidas emergentes. Tenemos un fideicomiso de 85 millones de pesos, quizá algún día no será suficiente, pero creo que podemos cubrir una gran parte”.
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