La Fiscalía Anticorrupción solicitó, obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión en contra de tres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, que presuntamente robaron su arma de fuego a un militar.
En audiencia, una jueza decretó prisión preventiva en contra de los imputados por los delitos de Abuso de Autoridad Agravado y Robo Calificado, ante los contundentes datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público.
Tras la labor de investigación realizada por agentes del Ministerio Público y elementos de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía Anticorrupción, se logró la aprehensión de los policías identificados como Juan Manuel “N”, Juan Carlos “N” y Luis Enrique “N”.
Los imputados se desempeñan como policías de Cuernavaca y presuntamente la madrugada del 29 de abril del 2020, al realizar labores de vigilancia a bordo de la patrulla 1822, le marcaron el alto al conductor de un automóvil que circulaba por la avenida Juan Pablo II de Cuernavaca, a unos metros de la ciclopista, y con palabras “altisonantes” y apuntándole con sus armas, le pidieron que se bajara del vehículo.
Pese a que el automovilista les dijo que lo dejaran identificarse, ya que es militar y portaba un arma de fuego, ellos le contestaron que no les importaba quién era él, al tiempo que presuntamente “cortaron cartucho” para intimidarlo, por lo que el hombre accedió a descender de su coche.
De acuerdo a la declaración de la víctima, le pidió a los policías que se identificaran, pero no lo hicieron y en todo momento le apuntaron con sus armas profiriéndole amenazas, obligándolo a abrir la cajuela de su auto y hurgando en el interior del mismo, de donde sustrajeron una mochila color verde dentro de la cual llevaba una pistola calibre 9 milímetros.
Tras lo sucedido, la víctima acudió a la 24ª Zona Militar y posteriormente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, para después iniciar su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
Tras realizar las investigaciones pertinentes, la Fiscalía Anticorrupción solicitó, obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión la noche del viernes 8 de mayo de 2020, en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca.
Este sábado 9 de mayo se formuló imputación relacionada con la causa penal JC/564/2020 contra los tres policías, quienes quedaron en prisión preventiva en el Cereso de Atlacholoaya y será dentro de 144 horas, cuando se determine si son vinculados a proceso.
De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada, tiene derecho a "A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa".
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Cuernavaca (SSP Cuernavaca), Contralmirante Armando Nava Sánchez, dio a conocer que la institución a su cargo, es coadyuvante en los trabajos de investigación que llevan a cabo todas las instancias encargadas de la procuración de justicia en la entidad, como ocurre con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Dicho ente ejecutó una orden de aprehensión en contra de tres elementos adscritos al Mando Coordinado en Cuernavaca, por su presunta participación en el robo de una arma de fuego a un elemento de las fuerzas armadas.
Ante estos hechos, Nava Sánchez, refrendó su compromiso con la legalidad, así como el cumplimiento irrestricto de las normas y códigos de comportamiento del personal a su cargo. “No se solapará ningún acto deshonesto en la institución”, aseguró.
Por ello, desde el principio de las investigaciones, se brindaron las facilidades para que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cumpliera con su labor, ya que la indicación del presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, es no permitir que actos anti éticos o deshonestos se presenten en ninguna de las áreas de la administración municipal.
El titular de la SSP Cuernavaca, puntualizó que serán las instituciones de procuración de justicia las encargadas de deslindar responsabilidades, determinar la situación jurídica de los imputados, y agotar, a través de las indagatorias y los procesos judiciales correspondientes, lo que a derecho corresponda.
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