A lo largo de dos años activistas, psicólogos, sociólogos y demás expertos han levantado la voz para que las autoridades atiendan los efectos que la pandemia trajo en el seno familiar, el encierro de 24 por 24 horas trajo consigo daños a la salud mental de cada uno de los miembros de las familias, y con ello mayores conflictos tanto físicos, económicos y patrimoniales, refieren expertos en la materia.
Dichos efectos han contabilizado y uno de ellos se basa en los informes del Poder Judicial del estado en donde las demandas de carácter familiar han tenido un auge importante en los dos últimos años, la violencia vicaria se ha sumado a la agenda pública, mientras despachos privados aceptan que la solicitud de este tipo de servicios se han duplicado.
Expedientes aumentan un 50%: TSJ
Tras la pandemia los expedientes en materia familiar que llegan al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado aumentaron 50 por ciento, pues anteriormente se recibían alrededor de 200 demandas, mientras que actualmente rebasan los 300 por año. Ante el aumento significativo, el tribunal se niega a convertirse en una “agencia de cobro” ante deudores alimentarios, sino buscar mecanismos para garantizar este.
El magistrado presidente del Poder Judicial, Luis Jorge Gamboa Olea, dijo que se busca fortalecer la conciliación, la mediación y las juntas restaurativas a fin de que las partes puedan llegar a un acuerdo, pues, recordó, al ser las pensiones alimenticias deudas civiles, los deudores no pueden ser llevados a prisión. De las pensiones alimenticias dictadas, un 80 por ciento son en favor de mujeres, y el 20 por ciento en favor de hombres que se encargan de la crianza de los menores.
“Tenemos un número elevado, si nosotros sacamos números tenemos más casos familiares que mercantiles y civiles en los tribunales, en un 40 por ciento más de asuntos familiares que tienen que ver con este tema de alimentos, guardia y custodia, divorcio, y en lo que estamos trabajando es pacificar a la sociedad mediante la justicia alternativa”.
Mientras que anualmente se dan entre 300 a 400 asuntos familiares contra 100 de mercantiles y 200 civiles, por distrito, la pandemia trajo consigo más conflictos entre las familias, ya que algunos deudores argumentaron quedarse sin trabajo durante este lapso haciendo imposible cumplir.
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Gamboa Olea dijo que en caso de incumplimiento fueron dictados en 2022 dos casos, mismos que son llevados ante la presencia de juez para informarles que deben cumplir, además de garantizar la reparación del daño. Para las personas que “engañan” al juez sobre situaciones como haber perdido su trabajo, respondió que si se detectan puede elevar las medidas cautelares dictadas como una orden de aprehensión.
“El juez ya no se involucra, esperamos a que la información nos la den las partes involucradas. Cada tema lo deben litigar en tribunales, hacerlo del conocimiento del juez y el averigue con quiénes viven los menores y cesen los alimentos en favor de la persona que tiene a los menores”.
Del total de los juicios familiares, son 19 clasificados como violencia de género o violencia vicaria, sin embargo, al no haber una Ley Vigente, no se tiene aún protocolo o “alerta morada” para identificar que efectivamente los casos sean así.
Se duplican demandas familiares
Adrián Ariza Cuéllar, abogado postulante y titular del Despacho de Servicios y Gestión Integral, compartió que en el último año la demanda de asesorías legales ha aumentado en un 100 por ciento.
“Previo a la pandemia, por darte algunas cifras, teníamos una recepción de servicios de 10 a 12 demandas familiares al mes, ahora estamos estableciendo el doble, lo cual nos da un índice enorme. Debo precisar que hay demandas que se pueden resolver de inmediato a través de la cordialidad, como convenio, cosa juzgada, pero el incremento en el tratamiento de asuntos familiares es real”.
De los desencuentros entre la pareja dependerá el tiempo en que un juicio se llevará a cabo, además de la saturación que tienen los juzgados familiares. Un procedimiento ordinario debe durar 6 meses en sus distintas etapas, además de que si lo que discutirá es solo alimentos, guardia y custodia, por citar algunos.
En este tiempo se ofrecen pruebas, ampliando el tiempo en que se definirá el juicio.
El especialista en Derecho Familiar señala que lo ideal es que cada familia alcance un acuerdo favorable para ambas partes, sin embargo, una vez que se “rompe” el núcleo familiar comienza la separación de obligaciones y derechos, en primera instancia es que si hubo hijos menores de edad, se deben dictar medidas como alimentación, vivienda, mismas que deben hacerse ante una autoridad que debe dar formalidad a los acuerdos.
“Esto resulta ser como un excepcional arreglo, sin embargo, la mayoría de las rupturas son complicadas por ello es que existen los jueces familiares que se encargan, a partir de un juicio, de ver cuáles van a ser las obligaciones para esas partes y procedimientos. En el momento que se pide al juez la intervención, éste debe instruir medidas provisionales inmediatas que tiene que ver con el lugar en donde vivirá el menor, establecer cuál de sus padres ejercerá la guardia y custodia provisional en tanto se desarrolla el juicio”.
El interés superior de los menores será lo primordial en las decisiones de un juez.
Pueden llevar un juicio gratuito
Además de servicios que tiene un costo por honorarios, de acuerdo al despacho jurídico, las familias pueden solicitar el apoyo gratuito de instituciones como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), los DIF municipales, Comisión de Atención a Víctimas, o instituciones que no cobran.
El TSJ tiene un departamento de asesoría que tampoco tiene costo, y brindan servicios como periciales, psicólogos, y demás tramitología.
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