A una semana de que la asociación civil Ciudadanos Uniformados A.C. denunciara las notificaciones que habían empezado a recibir los policías que fueron enviados a casa por formar parte de la población de riesgo de contagio por covid-19 en Morelos, el presidente de la organización, dedicada a la protección de los uniformados de todo el país, Iván Chávez Espejel, dio a conocer que tanto las autoridades de Cuautla como de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES Morelos) accedieron a seguir respetando el resguardo.

De los más de cuatro mil elementos policiacos que laboran en Morelos, cifra que incluye a elementos estatales y municipales, cerca del 20 por ciento había permanecido en resguardo en casa desde el inicio de la pandemia, amparados por un decreto federal en el que se incluyeron medidas para mitigar contagios entre la población. Sin embargo, el cambio de semáforo epidémico a color verde llevó a la CES Morelos a pedir a las autoridades municipales notificar a sus elementos para reincorporarse a sus actividades.

“Ya habían dado la orden y gracias al diálogo les explicamos que el semáforo verde no representaba el final de la pandemia, sino sólo un estado bajo de contagio, pero estima que para el siguiente mes regresemos al amarillo de nuevo”, dijo Chávez Espejel.

Si bien la CES Morelos y la policía municipal de Cuautla accedieron a seguir respetando el resguardo domiciliario, la mayoría de policías accedieron a reincorporarse a las actividades presenciales de manera voluntaria. De acuerdo con Ciudadanos Uniformados A.C., el 70 por ciento de los uniformados morelenses que estaban en resguardo accedieron a reincorporarse por su voluntad. El resto, dijo, ha iniciado acciones legales para seguir trabajando desde casa, particularmente en municipios como Puente de Ixtla.

“Sobre todo el municipio de Puente de Ixtla, es donde más problemas tenemos siempre jurídicamente en todos los casos, donde las autoridades están muy aferrados y hemos tenido que promover amparos para los compañeros”, dijo el abogado.

A nivel estatal, la asociación civil ha promovido cuatro amparos a favor de los elementos que se niegan a salir del resguardo, debido a su condición de salud y su vulnerabilidad ante un posible contagio. Se trata de personas mayores de 60 años de edad, en estado de embarazo o con diagnóstico de hipertensión, entre otras enfermedades.