Familiares de 54 personas privadas de la libertad por "tomar" la caseta de Alpuyeca y acusadas del delito de secuestro exigieron este viernes una justicia pronta y expedita para sus consanguíneos.
Frente a la sede del Poder Judicial del Estado de Morelos, ubicado en el Centro de Cuernavaca, aseguraron que han pasado dos años desde que sus familiares fueron detenidos por la Fiscalía Especializada de Combate al Secuestro y la Extorsión, pero siguen sin recibir sentencia.
La manifestación integrada en su mayoría por mujeres, algunas de ellas con sus hijos en brazos, exhibieron carteles a través de los cuales solicitaban la intervención del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
"Ellos ya van a hacer dos años que fueron detenidos, y no han tenido justicia", declaró una de las mujeres que integraba la manifestación.
Antecedentes
Cabe recordar que un total de 76 personas, de las 78 detenidas (57 adultos y 21 menores de edad) el 20 de octubre de 2020, por presuntamente secuestrar a tres choferes y por la toma de la caseta de Alpuyeca de la autopista del Sol, se encuentran en prisión preventiva.
A ellos se les imputan los delitos de secuestro agravado y exprés, así como asociación para delinquir, con base en información de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En aquel momento, a través de un comunicado, señaló que con los elementos de prueba aportados por la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), 76 personas enfrentaron audiencias de control de detención, luego de lo cual quedaron en prisión preventiva 57 adultos e internados en forma preventiva 19 menores, quienes fueron detenidos en la plaza de cobro 184, Francisco Velasco Durán de la Autopista del Sol.
La audiencia de los 57 detenidos se realizó en el salón de plenos del Tribunal Superior de Justicia, donde un juez de control calificó de legal la detención de 57 adultos a quienes impuso la prisión preventiva como medida cautelar.
En tanto, de manera remota se realizó la audiencia ante el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, donde también se consideró legal la detención de 19 menores, a quienes se les impuso el internamiento preventivo.
En todos los casos, la FGE imputó a los detenidos los delitos referidos, y quedaron programadas las audiencias de vinculación a proceso.
Para José Isaí Zebadúa Flores, abogado de 40 de los 78 detenidos, la UECS violó los derechos humanos de todos al tenerlos incomunicados y no garantizar los derechos de las personas de origen indígena.
El defensor mencionó que desde la detención del día 20, ni sus abogados ni sus familiares pudieron comunicarse con los prisioneros, hasta que se inició la audiencia en aquel momento.
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