La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos (Cearv) admitió que fue rebasada por la ola de violencia, ya que un padrón de 7 mil víctimas indirectas sólo se atiende a 800, informó Penélope Picazo Hernández titular de dicha dependencia.
“Vamos hacer el trabajo que tenemos al cien, pero tenemos un personal reducido... Ha estado rebasado en relación a la atención que se da a las víctimas, se creció muchísimo está gestión porque antes no se atendía nada, no había reparaciones. Pero aun así es insuficiente. Hay 6 mil 931 víctimas registradas actualmente”, manifestó.
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En su mayoría por los delitos de homicidio y feminicidio, de los cuales Morelos ocupa los primeros lugares a nivel nacional por cada cien mil habitantes. En el caso de las muertes violentas de mujeres se cubre menos del 50 por ciento, ante el constante incremento de este delito, del cual ya se registran más de 6 mil durante el actual sexenio de gobierno del estado.
El seguimiento en investigaciones es uno de los impedimentos para atender a las víctimas y los retrasos por parte del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) son una constante. Incluso tienen algunos rezagados desde hace más de 10 años.
“Nos falta integración en las carpetas, nos faltan sentencias judiciales. Tenemos que hacer un trabajo coordinado entre todas las instituciones, los jueces, que nos manden las sentencias, además de que hay muchos casos que se quedan sin judicializar, carpetas que no se integran y tienen más de 10 años”, indicó.
Al menos 428 víctimas fueron beneficiadas
Picazo Hernández comentó que durante la última sesión del organismo se aprobaron 158 medidas de ayuda y asistencia en materia de gastos de búsqueda, transporte de emergencia, educación, funerarios, alojamiento, satisfacción, alimentación y abastecimiento, traslado, procuración y administración de justicia, así como médicos, por un monto total de tres millones 347 mil 300 pesos, beneficiando a 428 personas en situación de víctimas.
También se otorgaron 13 reparaciones integrales correspondientes a delitos, en materia de compensación subsidiaria, por un monto de cuatro millones 32 mil 89 pesos, beneficiando a 24 personas.
Finamente, insistió en que la Comisión requiere al menos 20 abogados, psicólogos y especialistas en otros rubros para optimizar la atención. Sin embargo, al requerir más presupuesto será un asunto para revisar durante la próxima administración.