San José (EFE).- El caso de tres desapariciones forzadas a manos de aparentes militares durante la lucha contra el narcotráfico, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), busca darle un rostro a las miles de víctimas en ese país, dijeron ayer familiares y defensores de derechos humanos.

Datos citados este viernes por la representación de las supuestas víctimas indican que en México hay un total de 35 mil desaparecidos, muchos de ellos con similitudes de criminalización de los afectados, al igual que el caso visto por la Corte IDH en una audiencia de dos días que concluyó ayer.

Según la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este es el primer caso en cuanto a la desaparición forzada en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en México.

Los hechos se relacionan con la alegada desaparición forzada de los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, por parte de agentes estatales en el Estado de Chihuahua, desde el 29 de diciembre de 2009.

Las desapariciones tuvieron lugar en el marco de la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua, en el cual el Ejército, además de realizar labores de seguridad, desempeñaba tareas de investigación criminal.

"En México se invierten muchos más recursos económicos, humanos y de investigación en indagar la vida de la víctima para querer encontrar una justificación para decir que por eso se dio el delito.", afirmó la representante del Centro de Derechos Humanos de la Mujer en Chihuahua, Ruth Fierro.

Según la parte representante de las víctimas, en este caso así como en otros, hay una falta de garantías para denunciar con libertad y protección las desapariciones, se da una demora injustificada de diligencias básicas, ausencia de búsqueda en vida y permanece la impunidad.

La hermana de una de las desaparecidas, María Jesús Alvarado Espinoza, explicó en entrevista que mantiene la lucha tras ocho años desde los hechos para darle voz a esas familias de desaparecidos.

"Agregó que "la desaparición forzada existe, y como tal, se tiene que reconocer ese delito. Es un problema grave y esto es algo que permanentemente vivimos".

Según la misma Comisión Interamericana, esta problemática ha aumentado en los últimos años y ha merecido pronunciamientos, recomendaciones y expresiones de preocupación por parte de organismos internacionales.

Hasta el momento, los familiares desconocen el paradero de las tres víctimas desaparecidas. Ellos habrían sido privados de libertad por parte de un grupo de entre ocho y diez personas que portaban armas largas y vestían uniformes militares.