Frente a 14 diputados locales el Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara rinde su cuarto informe de gestión destacando seis ejes: renovación institucional; finanzas y correcta y transparente administración; productividad institucional; apoyo a víctimas y derechos humanos; control interno y combate a la corrupción; así como transparencia y rendición de cuentas.
Señaló que fueron 734 millones 58 mil pesos que se emplearon en servicios personales, material y suministros, servicios generales, transferencias, realizando 10 obras de trascendencia.
Destacó que por el delito de feminicidios se iniciaron 38 carpetas de investigación:
- 26 por feminicidio
- 12 por homicidios calificada
- 33 órdenes de protección
- 11 imputados en vinculación
Mientras que en los Centros de Justicia para las mujeres en Cuernavaca y Yautepec se registraron 1339 carpetas de investigación, 175 audiencias, 82 fueron judicializadas, y 11 imputados vinculados a proceso.
Se obtuvieron 380 denuncias por desaparición, 242 cédulas de desaparición, aunque el fiscal general resaltó la localización de 131 personas, dos alertas Amber y la localización de un menor de edad.
Priva la impunidad: Rosalina Mazari
En su intervención, la diputada Rosalina Mazari Espín, del PRI, denunció la impunidad con la que se ha catalogado a Morelos, estableciendo que de mil delitos solo cuatro se castigan. Mientras que de acuerdo a asociaciones civiles, en 2019 se registraron cien feminicidios y en el Centro de Justicia para las Mujeres, acentuó, tiene una mala productividad.
Lo anterior, debido a que de mil 293 carpetas de investigación sin detenido y 46 con detenido, cero sentencias condenatorias y cero sentencias absolutorios, así como no castigan de manera eficiente la violencia intrafamiliar, misma que termina en feminicidios.
El fiscal general refirió que las cifras presentadas en su informe son del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; sostuvo que la violencia doméstica es un delito que no tiene prisión preventiva oficiosos, por lo cual no pueden llevar a detención porque las mujeres inician un proceso de atención completo, mismo que solo a través de los dictámenes puede avanzar en la persecución de delitos.
A pregunta expresa por la diputada Dalila Morales Sandoval, del PAN, Uriel Carmona Gándara, sostuvo que respecto a la familia que entregaron un cuerpo equivocado, siguen buscando los mecanismos jurídicos para reintegrarles el daño aunque no se trata de un tema económico sino jurídico.
Detalló que el tema se politizó; sin embargo, están trabajando y no evaden responsabilidad, por lo cual los funcionarios que cometieron el error serán vinculado a proceso de responsabilidad.
