A dos años y medio de la muerte del activista Samir Flores Soberanes y una cadena de declaraciones del fiscal y el gobernador de Morelos sobre los avances en la investigación del homicidio ocurrido el 20 de febrero de 2019, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, anunció este jueves la detención de uno de los tres probables responsables de la muerte del opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM) y los trabajos de búsqueda para localizar a las otras dos personas.
Samir Flores Soberanes fue asesinado en su casa, en el poblado de Amilcingo, en el municipio de Temoac, la madrugada de aquel 20 de febrero, después de que un hombre lo llamara por su nombre desde la puerta. No había zaguán.
Desde adentro, lo último que escucharon sus padres fue que gritó “qué canijo” y, después, los disparos. Al salir, el cuerpo del activista estaba tirado en el suelo.
Desde que ocurrió el asesinato, sus familiares, amigos y simpatizantes del movimiento opositor contra el PIM han relacionado el homicidio con la participación del activista en las movilizaciones que se llevaron a cabo para evitar la operación de la central de ciclo combinado construida en Huexca, Yecapixtla, cuyo funcionamiento dependerá de gas suministrado desde Tlaxcala y cuyas turbinas funcionarán con agua de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cuautla (PTAR).
Samir y su rechazo a la operación de la termoeléctrica
El 19 de febrero de 2019, un día antes de los hechos, Samir acudió a uno de los foros organizados por la Secretaría de Gobernación del gobierno federal para informar a las comunidades de la zona los beneficios de la operación de la termoeléctrica. En Jonacatepec, Flores Soberanes encaró al entonces delegado del gobierno federal en Morelos, Hugo Eric Flores Cervantes, ante los estudiantes de secundaria que, uniformados, llegaron al foro.
De acuerdo con el fiscal, la detención de Javier N se realizó en el municipio de Cuautla.
“Y fue dispuesto a disposición de la autoridad judicial, la cual, en las próximas horas, definirá su situación jurídica”, informó.
En varias ocasiones, el funcionario estatal había hablado de “avances” en la investigación de este homicidio, que hizo eco en movimientos regionales, nacionales, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); e internacionales. Sin embargo, también habló de “obstáculos” en la obtención de declaraciones.
“Ha sido muy difícil esta investigación porque no hemos contado con el apoyo de ninguna persona externa a la fiscalía, sino al contrario, a veces hemos encontrado obstáculos… La falta de algún tipo de declaraciones o algunas circunstancias que hemos necesitado”, declaró en octubre de 2019.
El encono de la oposición al PIM y el reclamo de justicia por la muerte del activista aumentó a fines de septiembre de 2020, cuando el gobernador Cuauhtémoc Blanco declaró ante medios que el fiscal sabía quién era el responsable, pero no lo había dicho por temor:
“Ya sabe (el fiscal) quién fue, pero no quiere decirlo por miedo”, declaró entonces el mandatario.
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