En caso de que el Congreso de Morelos no le brinde la autonomía financiera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le concedió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para este año y el siguiente, el máximo órgano de justicia del país se vería obligado a apercibir a los diputados locales.
Y es que existen muchas especulaciones respecto a que, los legisladores podrían desatender la ampliación presupuestal por 500 millones de pesos que se establecieron para este 2021 y garantizar esa libertad económica para 2022 dentro del presupuesto económico del siguiente año.
El magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, afirmó que fue alrededor de las 14:00 horas del pasado viernes cuando la SCJN notificó a los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sobre la resolución de la autonomía por lo que se debe cumplir de manera inmediata, aunque dijo que regularmente se otorgan entre cinco y 10 días para ese fin.
“Hay que verificar el concepto que tiene la Corte de forma inmediata, aunque generalmente da un tiempo de cumplimiento y en este caso determinó que sea de forma inmediata, pueden ser desde tres, 10 a 15 días. Puede ser que esto ocurra el próximo año porque el periodo de sesiones del Congreso termina el 15, pero esto no significa que no se deba cumplir, tiene que hacerse".
El magistrado, destacó que la resolución puede incluso consultarse en la página oficial de la SCJN en donde se establece que el Poder Ejecutivo no puede modificar el ante proyecto económico y deja sin efecto el oficio donde lo hizo para este año.
Además, señala que para 2022 se debe dar por lo menos el 4.7 por ciento del presupuesto total que se asignará para el Estado. Esto contempla dijo, cubrir “el pago de jubilados que se les debe cuatro años de sus decretos, vales de despensa para sindicalizados y vales de despensa para jubilados, eso es lo mínimo”.
Aunque en el paso dijo que el presupuesto para 2022 debe ser de alrededor de mil millones de pesos para cubrir esos gastos, dijo que en el análisis presupuestario, los legisladores pueden valorar la asignación suficiente para cubrir esos compromisos.
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