Solo se ha logrado un avance del 80 por ciento en la política estatal anticorrupción a 7 años de que se avaló la creación del Sistema Anticorrupción en Morelos, aunado a ello, están pendientes las designaciones de 3 de los 5 consejeros del Comité de Participación Ciudadana.
Fue en abril de 2015 que dos terceras partes de legisladores del Congreso Local aprobaron las reformas constitucionales que crearon el Sistema Anticorrupción en Morelos, y con el cual se pretendía acabar con las malas prácticas en el ejercicio de la función pública.
Su creación y consolidación ha sido un proceso largo y complejo por diversos intereses políticos, ya que de forma anticipada los legisladores locales en turno Lucía Meza y Javier Bolaños presentaron la iniciativa para su creación, violentando los artículos transitorios del Decreto Federal, y sin existir aún leyes generales.
Además, el 28 de agosto, a tan solo dos días de concluir la 52 legislatura, el Congreso repartió cargos, fue electo Juan Salazar Núñez titular de la Fiscalía Anticorrupción y 5 integrantes del Comité de Participación Ciudadana.
El 18 de julio de 2016, se expidió la Ley General del Sistema de Anticorrupción y partir de ahí los congresos locales deberían crear sus sistemas y leyes en el tema, y aunque Morelos ya se había adelantado, lo cierto es que no ha podido concretar el funcionamiento del sistema.
Este miércoles en conferencia de prensa, María Juana Damiana Herrera Mota, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos (CPCSAEM) dio a conocer que tan solo se tiene un avance del 80 por ciento de la política estatal anticorrupción, y por ello han definido una ruta de acciones para poder concretar el funcionamiento del Sistema Anticorrupción.
Se han visto en la necesidad de abrir la convocatoria el 4 de agosto para que la sociedad civil se registre para participar en la Red Ciudadana Anticorrupción de Morelos y puedan hacer sus recomendaciones en la elaboración, implementación y evaluación de la Política Anticorrupción de Morelos.
De hecho, Alejandro Enríquez consejero del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos señaló que se ha hecho, en múltiples ocasiones, esta convocatoria pero no se han obtenido los resultados deseados.
A lo anterior, también se suma, que actualmente el CPCSAEM solo cuenta con dos integrantes, por lo que llamaron al Congreso del Estado a lanzar la convocatoria para renovar tres espacios que se encuentran vacantes.
Detallaron que una propuesta, desde la Comisión Ejecutiva de la Política Estatal Anticorrupción para que suba al Comité Coordinador y desde ahí se apruebe y proceda, no puede ser, porque debe de pasar por la Comisión Ejecutiva y ésta no puede sesionar porque solo hay dos integrantes.
El consejero Edgar López Betanzos concluyó su gestión en mayo pasado y es por ello que buscarán un acercamiento con los diputados locales, porque ya les dirigieron tres oficios y no han obtenido ninguna respuesta.
María Juana Damiana Herrera señaló que quieren evitar al máximo recurrir a otras acciones extremas, como es promover el amparo. Indicó que desafortunadamente la entidad ocupa los últimos lugares a nivel nacional en materia de transparencia.
Morelos ocupa ya el penúltimo lugar nacional de acuerdo con la cuarta edición del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 del World Justice Project (WPJ) sólo por arriba de Guerrero.
La corrupción en la entidad, de acuerdo con el índice, es la mayor de todo el país. Las instituciones de seguridad y procuración de justicia son las peor evaluadas con 0.25 de 1 punto posible; en los poderes Ejecutivo y el Legislativo no mejora mucho al ubicarse ambos con 0.28; mientras que en el Judicial la medida es de 0.38.
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