La jueza de control Alejandra Trejo Reséndiz concretó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva por la firma periódica a los dos agentes de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (Seprac), José Geovany y José Rubén, quienes ahora enfrentarán su proceso en libertad.

Ambos fueron denunciados por un estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) porque presuntamente quisieron extorsionarlo en las inmediaciones de avenida Universidad en la capital morelense en el mes de noviembre.

Luego de un mes en prisión, la defensa legal de José Rubén y José Geovany solicitó el cambio de medidas cautelares, para lo cual se fijó una audiencia en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, donde aportaron los datos de prueba para solicitar la salida de sus defendidos.

Tras varias horas de comparecer ante la juzgadora, esta determinó hacer válido el cambio de medidas de los dos agentes de la corporación policiaca capitalina, luego de la declaración de familiares y compañeros de los inculpados, los cuales coincidieron en que ambos no estaban en funciones cuando ocurrieron los hechos.

Según la información que proporcionaron los testigos, uno de los agentes se encontraba en un curso y el otro no acudió a laborar ese día, lo cual fue tomado en consideración por Trejo Reséndiz.

Sin embargo, esto no los exime de los cargos, pues continúan vinculados a proceso por el delito de extorsión agravada, y la jueza les impuso otras medidas cautelares a cambio de enfrentar su proceso en libertad. Tales como la firma periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares para Adultos (UMECA), no podrán acercarse a las personas víctimas, y tampoco tendrán la posibilidad de salir del país, además de que les ordenó separarse del cargo mientras se lleva a cabo el proceso penal que ambos enfrentan.

En caso de incumplir con dichos requerimientos, serán detenidos nuevamente para regresarlos a prisión preventiva.

¿Qué ocurrió con los universitarios?

Los hechos de este caso comenzaron el sábado 11 de noviembre, cuando, de acuerdo con el testimonio de las víctimas, los agentes detuvieron a él y a otro acompañante cuando circulaban en motocicleta por avenida Universidad, presuntamente por no usar casco y no contar con la documentación en regla del vehículo.

Por ello, les habrían solicitado una cantidad de dinero para dejarlos ir, la cual fue depositada mediante transferencia electrónica, además de que el policía realizó un movimiento bancario con la tarjeta del joven en un establecimiento.

Estos fueron los elementos que el agente del Ministerio Público mostró ante el juez, quien giró la orden de aprehensión, misma que se cumplimentó el martes 21 de noviembre.

Previo a esto, decenas de estudiantes pararon labores en el Campus Chamilpa el 16 de noviembre, luego de que se registró una fuerte movilización por parte de familiares del joven dentro del plantel un día antes.

Los estudiantes tomaron los accesos y exigieron que se hiciera justicia por este caso.

El juicio de los policías comenzará en el mes de marzo, luego de que la jueza concedió a la Fiscalía un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.