A casi tres años de haber iniciado más de 60 expedientes en contra de exfuncionarios morelenses de la pasada administración, la Fiscalía Anticorrupción no ha dado celeridad a las investigaciones; salvo casos excepcionales y con funcionarios menores, las denuncias siguen guardadas.
El titular de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, ha negado información sobre el avance de los expedientes; incluso, con el argumento de que son archivos confidenciales, de los únicos que han avanzado las indagatorias son contra el exrector de la UAEM, Alejandro Vera, y el exsecretario de Turismo, Jaime Álvarez. El resto han sido funcionarios menores.
Tanto el consejero jurídico, Samuel Sotelo y el asesor en materia anticorrupción, Gerardo Becerra, por parte del gobierno estatal, han cumplido con presentar las denuncias con las pruebas suficientes.
El pasado mes de enero, los titulares de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía Anticorrupción, Samuel Sotelo Salgado y Juan Salazar Núñez, respectivamente, habrían acordado periodicamente evaluar y verificar los avances en las denuncias y carpetas de investigación contra exfuncionarios de la pasada administración; aseguraron que se tomaron acuerdos para lograr “resultados eficaces”.
Ha pasado ya casi un año, y la pandemia fue el pretexto que buscaban en la fiscalía para seguir sin hacer nada. No obstante que habrían presumido que de ese encuentro en el mes de enero surgieron “acuerdos de coordinación para obtener resultados eficaces”, que lleven a la conclusión positiva de las denuncias presentadas por el Ejecutivo, esto de acuerdo con información emitida por los mismos.
Incluso la reunión ocurrió un día después de que se diera a conocer que la juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Cuernavaca, desestimó las intenciones de la exsecretaria de obras públicas, Patricia Izquierdo Medina, Lucero Campos Mercado, exdirectora de Infraestructura, dos exsubsecretarios y un exsupervisor de Obra, sobre la investigación en su contra por el delito de ejercicio indebido del servicio público fuera atraído al orden federal.
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