El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, es señalado de presuntamente negarse a pagar tres pensiones, pese a que el Gobierno del Estado destinó el recurso para hacer frente al adeudo que sostiene con tres extrabajadores.
Así se da cuenta en los documentos a los que tuvo acceso El Sol de Cuernavaca, en los que se anexa la ficha de depósito del Ejecutivo Estatal en donde se encuentra el importe por 1 millón 990 mil 709.55 pesos, sellada por el banco Santander, entregado desde el mes de abril 2024, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera la Controversia Constitucional 217/2022 interpuesta por la Fiscalía General del Estado y ordenara al Congreso del Estado hacerse cargo del pago correspondiente, por lo que se solicitó una ampliación presupuestal.
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Mismo caso que ocurrió con las Controversias 216/2022 y 230/2022, de otros dos excolaboradores del organismo.
Ante ello, el titular de Hacienda estatal, José Gerardo López Huérfano, notificó al titular de la Fiscalía, Uriel Carmona Gándara, la autorización de la ampliación presupuestal para cumplir con los pagos requeridos.
“La Fiscalía General del Estado de Morelos, desde el mes de abril de 2024, cuenta con el recurso para dar cumplimiento a lo ordenado por la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“No se omite mencionar que el L.C. José Gerardo López Huérfano, Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, mediante oficio número SH/0505-GH/2024 hizo del conocimiento a Uriel Carmona Gándara, Fiscal General del Estado de Morelos, la autorización de una ampliación presupuestal por la cantidad de $1.990.709.55”, señala el escrito.
En junio de 2024, Carlos Alberto Flores García acudió a presentar una denuncia en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en contra de Carmona Gándara por el delito de incumplimiento de funciones y lo que resulte, misma que podría alcanzar a la persona encargada del área de la Coordinación General de Administración.
A mediados de junio de este año, Carlos narró que en el mes de septiembre del año 2022 salió publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el decreto de su pensión al 85 por ciento, mismo que se hizo del conocimiento a la Fiscalía, a fin de que se cumplieran con los pagos aprobados desde el Congreso.
“Se presentó toda la documentación para que se hiciera el trámite administrativo, haciendo caso omiso en la Fiscalía. Nunca se presentó el escrito con los trámites e incluso se le hizo de conocimiento al fiscal, pero fueron omisos en esa situación”.
Ante esto, el excolaborador presentó un juicio de amparo, mismo que ganó y se ordenó que se le pagara de manera provisional la pensión y algunos adeudos por prestaciones ganadas.
No obstante, la Fiscalía promovió una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al considerar que el Congreso se había extralimitado en sus funciones y no se respetó la autonomía del organismo.