Los presuntos actos de violaciones a derechos humanos que se viven en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) femenil 16 de Michapa, Coatlán del Río, han generado que las internas tengan que recurrir a amparos, incluso para ser trasladadas a otros penales. Así lo indicó José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos Morelos (CIDHM).
El más reciente caso ocurrió con la hermana del exsecretario de seguridad pública, Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón, Gloria García, quien se amparó contra actos de tortura, hostigamiento e incomunicación en este lugar.
Muertes sin resolver en el penal
En el último par de años, ese penal federal ha estado en la polémica porque se han registrado más de una decena de presuntos suicidios de internas. Ante esto, José Martínez señaló que esto ha sido expuesto por organismos como el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), además de que existe una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Está plenamente documentado por parte del Instituto Federal de la Defensoría Pública y de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hay una serie de abusos de poder, de violaciones a derechos humanos, de situaciones muy graves que están ocurriendo en el Centro Federal de Readaptación Social de Michapa
La grave situación que se vive en el centro, indicó Martínez Cruz, ha llevado a que las internas recurran ante la justicia federal.
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“Esto ha llevado precisamente a que no uno, sino muchos amparos de las internas se hayan interpuesto, incluso por parte de estas mismas dependencias, particularmente la Defensoría Pública, que en algún caso llegó a ganar un amparo para que una persona pudiera salir de la celda de confinamiento, donde estaba 23 de 24 horas al día, una situación inhumana completamente”.
Casos como el de la activista guerrerense Kenia Hernández, quien fue detenida en octubre del año 2022, fue trasladada del penal federal de Morelos a uno ubicado en el Estado de México.
“Se han ganado varios amparos, como el caso de la activista Kenia Hernández, una activista del estado de Guerrero que estuvo detenida ahí y es acusada de tomar las casetas de cobro de la autopista y fue detenida ahí, como si fuera de alta peligrosidad. Ella ganó un amparo y fue llevada a un penal en el Estado de México”, puntualizó.
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