La Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) detectó que en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) entregó 272 apoyos a personas registradas como decesos, por lo que deberán reintegrarse poco más de 550 mil pesos.
Dichos decesos supuestamente habrían recibido apoyos de la siguiente manera:
- Alimentación escolar: 18
- Atención Alimentaria Primeros mil días: 3
- Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios: 225
- Atención Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre: 18
- Salud y Bienestar Comunitario: 8
Lo anterior, basado en la Cuenta Pública emitida por la ASF.
“El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos elaboró el padrón de beneficiarios de los programas alimentarios de acuerdo con el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, el cual se alineó con la información del manual de operación; además, se verificó el cumplimiento de los compromisos y acuerdos pactados con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, mediante la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario, los cuales se establecieron en las minutas de trabajo de las visitas de seguimiento que se realizaron en el ejercicio fiscal 2023”, señala el escrito.
Se agrega: “Con la revisión de la información contenida en los padrones entregados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, así como su confrontación con las bases de datos de la Secretaría de Salud, se constató que se entregaron apoyos a 272 beneficiarios identificados como decesos en los programas Programa Alimentación Escolar, Atención Alimentaria Primeros 1,000 días, Atención a Grupos Prioritarios, Atención Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre y Salud y Bienestar Comunitario, que representaron un monto de 556.3 mil pesos, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 40, y de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC) 2023, tomo 2, numeral 4”.
De esta manera, el organismo deberá reintegrar o justificar ese recurso que debía ser destinado a ayuda social, pero en cambio presuntamente se otorgó a beneficiarios identificados como fallecidos.
Anteriormente, Mirsa Suárez Maldonado, titular del Sistema en la administración de Margarita González Saravia, encontró deficiencias en las instalaciones y falta de personal en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, así como en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI), en el municipio de Cuautla.
