/ domingo 2 de abril de 2023

Jóvenes deben pagar por agua, protección y comida en cárceles

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal del Inegi los jóvenes infractores son víctimas de corrupción

Los jóvenes de 12 a 23 años que son detenidos en Morelos reportan que durante este proceso han presenciado actos de corrupción, en su mayoría por parte de los policías municipales que se convierten en la principal corporación que los pone a disposición del Ministerio Público. En la región centro a la que pertenece el estado, 219 jóvenes infractores denunciaron haber sido víctimas de esta práctica, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (Enasjup) del Inegi.

En 134 casos la corrupción fue durante su detención, 115 fue por parte de un elemento del Ministerio Público, 39 en juzgados, y 20 en el internamiento; de acuerdo con el estudio de los menores que cometen delitos, solo el 30 por ciento cumple una sentencia e internamiento, al resto le imponen medidas no privativas de la libertad.

Casi el 40 por ciento pagó por acceder al teléfono; 28 por ciento por tener aparatos electrónicos, 23 por ciento por tener medicamentos, 21 por ciento por acceder a servicios médicos, psicológicos o escolares; 17 por ciento por cambio de celda. En esta se detalla que el 13 por ciento pagó por protección, un 12 por ciento por el uso de baños, el mismo porcentaje por tener una colchoneta.

Los menores pagan hasta por participar en un taller, tener agua potable, energía, recibir comida, hasta por tener visitas íntimas; un 40 por ciento pagó por tener acceso a comida. También reportaron ser testigos de los “autogobiernos” en más del 20 por ciento que llevan a cabo riñas, imposición de castigos, protección a internos, y hasta cobro de “impuestos”.

Los datos señalan que los menores en internamiento en un 15 por ciento participó de algún taller para aprender algún oficio. Si las cifras se dividen por rango de edad, la encuesta señala que la mayor incidencia de los jóvenes infractores es entre los 18 a los 22 años, en un 50 por ciento.

El 24 por ciento dijo tener hijos; un 70 por ciento dijo tener uno por lo menos. Más del 90 por ciento dijo que es capaz de leer y escribir un recado, apenas un 9 por ciento se dijo pertenecer a la comunidad indígena; más del 70 por ciento cuenta apenas con la educación básica.

En cuanto a preferencia sexual, el 3.7 por ciento dijo ser bisexual, el 1.4 por ciento dijo ser homosexual. En 2022 un 10 por ciento respondió haber enfermado de Covid-19, le siguió la neumonía, hepatitis, anemia, infecciones de transmisión sexual, diabetes, cáncer, el 0.3 por ciento, VIH Sida, el 0.2 por ciento.

Un 48 por ciento consume alcohol, luego tabaco, marihuana, cocaína en polvo, anfetaminas, inhalantes y hasta antidepresivos. Un 80 por ciento manifestó que en su casa uno de los factores dominantes era el consumo de alcohol.

Siete de cada diez jóvenes tenían sólo una defensoría de oficio. Al momento de su detención el 38 por ciento afirmó que fue víctima de robo de sus pertenencias.




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Los jóvenes de 12 a 23 años que son detenidos en Morelos reportan que durante este proceso han presenciado actos de corrupción, en su mayoría por parte de los policías municipales que se convierten en la principal corporación que los pone a disposición del Ministerio Público. En la región centro a la que pertenece el estado, 219 jóvenes infractores denunciaron haber sido víctimas de esta práctica, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (Enasjup) del Inegi.

En 134 casos la corrupción fue durante su detención, 115 fue por parte de un elemento del Ministerio Público, 39 en juzgados, y 20 en el internamiento; de acuerdo con el estudio de los menores que cometen delitos, solo el 30 por ciento cumple una sentencia e internamiento, al resto le imponen medidas no privativas de la libertad.

Casi el 40 por ciento pagó por acceder al teléfono; 28 por ciento por tener aparatos electrónicos, 23 por ciento por tener medicamentos, 21 por ciento por acceder a servicios médicos, psicológicos o escolares; 17 por ciento por cambio de celda. En esta se detalla que el 13 por ciento pagó por protección, un 12 por ciento por el uso de baños, el mismo porcentaje por tener una colchoneta.

Los menores pagan hasta por participar en un taller, tener agua potable, energía, recibir comida, hasta por tener visitas íntimas; un 40 por ciento pagó por tener acceso a comida. También reportaron ser testigos de los “autogobiernos” en más del 20 por ciento que llevan a cabo riñas, imposición de castigos, protección a internos, y hasta cobro de “impuestos”.

Los datos señalan que los menores en internamiento en un 15 por ciento participó de algún taller para aprender algún oficio. Si las cifras se dividen por rango de edad, la encuesta señala que la mayor incidencia de los jóvenes infractores es entre los 18 a los 22 años, en un 50 por ciento.

El 24 por ciento dijo tener hijos; un 70 por ciento dijo tener uno por lo menos. Más del 90 por ciento dijo que es capaz de leer y escribir un recado, apenas un 9 por ciento se dijo pertenecer a la comunidad indígena; más del 70 por ciento cuenta apenas con la educación básica.

En cuanto a preferencia sexual, el 3.7 por ciento dijo ser bisexual, el 1.4 por ciento dijo ser homosexual. En 2022 un 10 por ciento respondió haber enfermado de Covid-19, le siguió la neumonía, hepatitis, anemia, infecciones de transmisión sexual, diabetes, cáncer, el 0.3 por ciento, VIH Sida, el 0.2 por ciento.

Un 48 por ciento consume alcohol, luego tabaco, marihuana, cocaína en polvo, anfetaminas, inhalantes y hasta antidepresivos. Un 80 por ciento manifestó que en su casa uno de los factores dominantes era el consumo de alcohol.

Siete de cada diez jóvenes tenían sólo una defensoría de oficio. Al momento de su detención el 38 por ciento afirmó que fue víctima de robo de sus pertenencias.




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