Un juez calificó como ilegal el traslado de 10 personas privadas de su libertad del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya a un penal en el estado de Sinaloa, realizado en marzo como parte de una decisión de la anterior administración de gobierno en Morelos.
Así lo dieron a conocer familiares de las personas trasladadas a penales de Sinaloa, Guanajuato, Durango y Michoacán, quienes también informaron que, tras la audiencia, se estableció un plazo de cuatro meses para que estos 10 hombres fueran regresados al estado de Morelos.
“El juez calificó como totalmente ilegal el traslado y dio un plazo inicial de tres meses para devolverlos a Atlacholoaya, pero el Centro Penitenciario solicitó una ampliación de un mes más, quedando en cuatro meses por cuestiones administrativas”, indicó una de las familiares, quien prefirió no revelar su identidad.
En marzo de este año, la anterior administración de gobierno comunicó el traslado de 182 personas a diversos centros penitenciarios, argumentando que la decisión respondía a una evaluación de riesgo, según el delito imputado a cada persona trasladada.
Además, señalaron que esta medida contribuiría a evitar el hacinamiento y a mejorar la gobernabilidad del centro penitenciario.
La polémica surgió luego de que, tras el comunicado oficial, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) informara que no participó en el proceso.
Posteriormente, familiares de los internos realizaron varias protestas en Atlacholoaya y Cuernavaca para exigir su regreso.
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvieron reponer el proceso para determinar la legalidad de estos traslados.
Las audiencias comenzarían el 27 de octubre para revisar los traslados realizados a Durango; sin embargo, la audiencia fue aplazada tras la interposición de un recurso por parte de las autoridades del Sistema Penitenciario.
Será la próxima semana cuando se revisen los traslados a Guanajuato y Michoacán, de acuerdo con el testimonio de los familiares.
Esto sucede en medio de la controversia que envuelve al centro penitenciario, tras el motín registrado el sábado 5 de octubre, que dejó un interno muerto y tres heridos, ya bajo la nueva administración de gobierno.
