A los 37 años, el abogado y empresario Rafael Botello Martín fue asesinado de siete impactos de arma de fuego al salir de un restaurante ubicado en la calle Cuesta Clara, de la colonia San Cristóbal de Cuernavaca, la tarde del dos de septiembre de 2021.
Después de 17 meses, dos personas fueron detenidas por la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) como presuntos autores materiales de este crimen: Hugo “N” y José Alfredo “N”, quienes actualmente están sujetos a un proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
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Hasta antes de su detención, ambas personas se desempeñaban como directivos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (Seprac), uno como director general del C4 y el otro como encargado de la Policía Cibernética de la corporación.
El ocho de febrero de 2023 los hombres fueron asegurados en las instalaciones de la dependencia en cumplimiento a una orden de aprehensión. El hecho fue más relevante, al tratarse de dos altos funcionarios de la actual administración municipal.
Tras la captura de los sujetos, el alcalde José Luis Urióstegui Salgado señaló que el delito no está relacionado con sus actividades como servidores públicos dentro de la institución.
Se presume que el asesinato del también expresidente del Club Rotario Cuernavaca responde a un presunto fraude que tenía entre manos Hugo “N”.
Sobre los hechos, el Ministerio Público, durante las audiencias de formulación de imputación y vinculación a proceso, señaló que, supuestamente, Rafael y Hugo habrían pactado invertir en un negocio para surtir de productos de limpieza a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UNAM), pero Hugo no tenía el capital, así que le pidió un préstamo de 800 mil pesos y firmaron un pagaré. Al llegar la fecha del pago, el primer imputado habría planeado quitarle la vida para no pagarle el efectivo.
¿Quién era Rafael Botello?
Rafael Botello Martín era director comercial de la empresa “Car Fast Auto Colishion”, donde fungía como encargado de la compra de insumos y refacciones para la prestación de servicios, la coordinación del trabajo de los recursos humanos, el manejo financiero de las operaciones de la empresa, aseguramiento de la calidad en la atención y servicio al cliente.
Es decir, Rafael Botello no desconocía de negocios e inversiones en el ámbito privado, por lo cual, tras su asesinato, este sector fue uno de los primeros en exigir justicia por su asesinato.
Se desempeñó en cargos públicos, como director de Fomento al Empleo del Ayuntamiento de Cuernavaca de enero de 2013 a diciembre de 2015.
Rafel Botello Martín es hijo del pintor del mismo nombre; nació en 1984 y se formó en la Licenciatura de Relaciones Industriales y Capital Humano en la Universidad del Valle de Cuernavaca (Univac).
Fue un destacado activista en favor de los animales reconocido por emprender una campaña para la recolección de croquetas y alimentos para gatos que resultaron afectados por el sismo de septiembre de 2017.
Dado su perfil empresarial, activista o como litigante, las primeras hipótesis de su asesinato fueron que se podría haber tratado o tenido relación con el crimen organizado, pero los meses pasaron, y pasaron, y pasaron, pero la Fiscalía no daba detalles de los hechos.
De presuntos homicidas a servidores públicos
Alicia Vázquez Luna, titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), informó que tanto Hugo como José Alfredo pasaron los exámenes de control y confianza que son aplicados por el C-3 de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), que puso en duda la aplicación de estas pruebas.
Al acreditarlos se da fe y legalidad que los aspirantes pueden ocupar mandos operativos o administrativos tan importantes y relevantes en el ámbito público de los municipios, estados u organismos autónomos.
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Sobre este tema, el fiscal general, Uriel Carmona Gándara manifestó que el que una persona acredite sus exámenes de control y confianza no guarda relación con que pudiesen haber cometido un ilícito o que en un futuro incurran en la comisión de alguno, además que las pruebas que realiza el organismo cumplen 100 por ciento los requisitos que marca la norma federal.
“Al 100 por ciento los exámenes se practican y es un requisito legal que se tiene que cubrir, pero pues como están viendo, no implica que materialmente las personas no cometan o no sean probables responsables de algún delito”.
Sobre este caso, Carmona Gándara señaló que el acervo probatorio que mostró la Fiscalía fue suficiente para que el juez de control dictara la prisión preventiva en contra de los dos imputados. “Estas dos personas están vinculadas a proceso y en prisión preventiva, entonces, el juez de control consideró que el acervo probatorio presentado por el ministerio público es suficiente para que estas personas sean procesadas; hay un plazo de investigación y esperamos tener una sentencia condenatoria, siempre respetando la presunción de inocencia. Estas personas imputadas se tendrán que defender, pero las pruebas que le presentamos al juez desde la Fiscalía fueron suficiente”.
Durante la audiencia celebrada el pasado 14 de febrero, el Ministerio Público estableció como datos de pruebas indicios tecnológicos sobre la geolocalización de los celulares de ambos imputados, que los ubicaba el día de los hechos cerca de la escena del crimen, además de los testimonios de la encargada del restaurante El Refugio, donde estuvo Rafael antes de morir, y una mesera del lugar.
Testimonios no concuerdan
De acuerdo con el testimonio de Hugo, aquel dos de septiembre estuvo con la víctima, desayunaron en El Refugio y aproximadamente a las 12:30 horas se despidieron. Él, dice, tomó rumbo hacia una tienda de conveniencia ubicada en Paseo del Conquistador, a unos metros del lugar.
La versión de la mesera y de la dueña del lugar es distinta. Verónica, mesera del lugar, asegura que Hugo nunca llegó a la cita. Rafael estuvo solo todo el tiempo. Verónica conocía a Rafael pues coincidieron en su etapa académica. Ese día, recuerda, Rafael ordenó unas enchiladas y un café. Pidió la cuenta y se fue del lugar.
Mariana, la dueña del restaurante, secundó la versión de Verónica y dijo que ese día cuando Rafael se fue, escuchó seis disparos y al salir, vio a su cliente herido.
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Teniendo como sustento ambas declaraciones, la Fiscalía inició la investigación y solicitó un informe de los equipos de comunicación de Hugo; de este reporte telefónico se desprendió que Hugo se comunicó con José Alfredo; ambos, como se mencionó anteriormente, fueron ubicados cerca del lugar.
El juzgador del Poder Judicial de Morelos determinó un mes para el cierre de la investigación complementaria, el cual podría ser aplazado, a solicitud de la Fiscalía, hasta por dos años, tiempo que la ley determina que una persona puede estar en prisión preventiva como medida cautelar.
Ambos pudieron haber solicitado un amparo o el recurso de apelación contra la resolución, sin embargo, no solicitaron ni uno ni otro. En el caso de la apelación tenía cinco días, mientras que en el caso del amparo debía solicitarse hasta quince días después de la audiencia. Nada de esto ocurrió y el proceso lo continúan privados de su libertad dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya.
El primer abogado que asumió la defensa de los dos imputados, Alfonso Ortega, abandono el caso debido a “la incompatibilidad de la teoría del caso con sus familiares”, según explicó a este medio informativo, pero sin brindar más detalles al respecto. Hasta el momento se desconoce quién asumió la defensa legal de los imputados.
¿Qué son las evidencias tecnológicas?
Los sujetos fueron imputados y vinculados a un proceso a través de indicios o evidencias tecnológicas. Pero ¿qué son estos? De acuerdo con el portal de internet Lemontech.com, se definen como “el conjunto de datos en formato digital (código binario), como archivos con contenido, metadatos, conexiones de tráfico en la red, discos duros, tarjetas o memorias USB que puedan ser utilizados por los tribunales para esclarecer unos hechos”.
Estas tienen el objetivo de demostrar si lo que refieren los imputados es verdad o no. Así se explica en el sitio web: “La verdad, con los pasos adecuados y el rigor necesario, puede salir a la luz a través de la prueba. La prueba dentro de los procesos judiciales es de vital importancia. A partir de ésta, se confirma o se echa por tierra una hipótesis establecida.
La evidencia digital dentro de un juicio tiene gran relevancia puesto que se podrá probar ante los tribunales si una de las partes estaba en lo cierto o no. La información obtenida servirá para que los investigadores obtengan los conocimientos necesarios para resolver lo que están intentando demostrar y poder llevar a juicio a los responsables”.
Como en este caso, donde presuntamente Hugo había mentido sobre que estuvo con Rafael minutos antes de su asesinato, además, gracias a estos indicios se estableció que el teléfono de la víctima fue hallado cerca de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac).
Separan a elementos
Tras la vinculación a proceso, Hugo y José fueron separados de sus cargos por determinación del alcalde José Luis Urióstegui y la encargada de Seguridad municipal, Alicia Vázquez Luna.
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